El Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil aceptó el trámite de la demanda de nulidad absoluta del contrato de constitución de usufructo oneroso presentado en contra de la Terminal de Contenedores de la Portuaria.

Dos de las cuatro acciones legales presentadas por el jefe de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), Roberto Villate Villatoro, por la concesión en usufructo que el Gobierno firmó con la empresa española Transporte de Contenedores de Barcelona (TBC),  ya iniciaron su rumbo jurídico.

Estas  acciones buscan que el contrato se declare lesivo, ya que según Líder perjudicará los ingresos de la Portuaria Quetzal, que se calculan en Q10 mil millones al año.

En el Centro de Servicios Auxiliares, Douglas Lainfiesta, abogado y representante de Villate, interpuso un amparo y una demanda de nulidad del negocio. El amparo fue remitido a la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil, mientras que la segunda acción fue remitida al Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil.

Dicho trámite estará a cargo del juez Víctor Manuel Barrios, y fue iniciado bajo el expediente número 0144-202-00573, donde el demandado es la empresa Terminal de Contendores de la Portuaria. De acuerdo con la información, se dará pie a un juicio ordinario; sin embargo, el juzgado está a la espera de solicitudes de las partes.

En el expediente se consignan cinco argumentos por los que requieren que el contrato sea declarado nulo, siendo el primero de ellos que el contrato es contrario al orden público, pues el mismo no responde a un interés general, sino a intereses privados.

Dentro de las otras impugnaciones al contrato, en diferentes cláusulas señalan la interpretación del contrato, el objeto del contrato, y que el mismo es contrario a las leyes prohibitivas expresas, porque es una entidad descentralizada y autónoma y dentro de los servicios públicos está el de satisfacer la demanda pública.

También refieren que la firma de dicha concesión es un evidente fraude, pues no cumple con los procedimientos de licitación para la concesión.

MP INICIA LAS INVESTIGACIONES

Informaciones del Departamento de Prensa del  Ministerio Público refieren que  la Fiscalía de Delitos Administrativos ya inició las investigaciones en contra de Allan Marroquín, interventor, y Julio Rolando Sandoval, subinterventor de la Portuaria.

La investigación se diligencia por los delitos de violación a la Constitución, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.