Las apelAciones interpuestas en contra de la fianza otorgada a Alfonso Portillo, ex mandatario guatemalteco, no han sido remitidas a la sala jurisdiccional para su trámite.
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Las apelaciones interpuestas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), Ministerio Público (MP) y una abogada querellante en el proceso no han sido diligenciadas debido a que no se han concluido las notificaciones.
Personal del juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, confirmaron ayer que las notificaciones no habían sido entregadas en su totalidad. Ese procedimiento se retrasaría hasta el próximo lunes debido a que el Organismo Judicial suspendió labores este día por el asueto de mañana.
El 7 de octubre último, el mandatario quedó ligado a proceso pero recuperó su libertad por medio de una fianza otorgada por la citada judicatura. Tres días después; el MP y la PGN apelaron esa resolución pero el proceso no ha sido remitido a la Sala de Apelaciones correspondiente.
Procedimiento complejo
Personal de la oficina del írea Penal de la PGN confirmó ayer que a esa sede no había llegado ninguna notificación sobre el expediente del ex mandatario. El MP no ha se ha pronunciado al respecto.
Sin embargo, la abogada Lea De León, querellante adhesiva en el proceso contra Portillo, manifestó ayer que recientemente fue notificada sobre la resolución donde se le da trámite a las acciones interpuestas por las partes.
La jurista explicó que está a la espera de que ese proceso sea diligenciado ya que presentará una recusación contra Noé Moya, magistrado presidente de la Sala Tercera de Apelaciones.
De León manifestó que el retraso puede ser por varias vías: «las otras partes procesales han interpuesto amparos, incidentes y otras acciones en la Corte de Constitucionalidad, por lo que el expediente debe ser ordenado por fecha de actuación y estar completo», manifestó.
La entrevista dijo finalmente que no considera que haya «mala fe» en el retraso del procedimiento sino «muchos movimientos», aunque añadió que el proceso tendría que ser elevado a más tardar la semana próxima.
Argumentos
La apelación fue presentada en contra del fallo que otorgó una fianza de Q1 millón a Portillo, quien es sindicado del delito de peculado desde 2004.
La Fiscalía Contra la Corrupción, presentó la apelación refiriéndose a la libertad bajo fianza del ex gobernante sosteniendo que los medios de prueba que existen en contra de Portillo son suficientes para que el juzgador resolviera enviarlo a prisión y que existe peligro de fuga y de obstaculización de la verdad por parte del sindicado.
La PGN, por su parte, refiere que el artículo 264 del Código Procesal Penal indica que «las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado» y que por ende, la fianza debió ser fijada en una suma acorde al fraude imputado en la acusación, el cual asciende a Q120 millones.