Las acciones penales que la CICIG emprendió contra trabajadores y ex trabajadores del MP generaron una reacción poco esperada, no sólo en esa instancia sino en el Organismo Judicial completo.
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¿Cuál es el mensaje que envía un Ministerio Público, y un buen grupo de trabajadores judiciales que rompieron la pasividad de tantos años, para manifestar y hacer pronunciamientos en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala?
Como «solidaridad mal entendida» y «oposición a la posibilidad de aplicar justicia», calificaron algunos analistas consultados sobre ese tema, las manifestaciones y pronunciamientos del personal del MP y de trabajadores del OJ.
POSTURAS
Aunque esta redacción abordó a algunos fiscales en relación a las propuestas de unos días atrás, estos prefirieron no emitir opinión al respecto; sin embargo, el comunicado que distribuyeron ese día habla por sí solo.
En ese documento cita: «Hoy como trabajadores y personas honestas estamos viviendo una zozobra y temor por no saber quién de nosotros será el próximo chivo expiatorio de este grupo de personas (CICIG)».
Los manifestantes señalaron, además, que su labor ha sido mancillada y humillada por la CICIG y que no pueden permitir la persecución contra trabajadores que «lo único que hacen es cumplir con su deber». Los jueces y los trabajadores del OJ, por medio del Sindicato, también se pronunciaron contra la Comisión.
Al respecto la CICIG comentó que cuando se realiza una investigación penal y se establece la posibilidad de que alguien haya cometido un delito «se denuncia y se inicia la persecución penal», indicaron; y agregaron que «la vía administrativa no es requisito previo para iniciar la acción penal».
ANíLISIS
Eduardo De León, analista en temas de Seguridad y Justicia, consideró que ese tipo de reacciones son generalmente movidas «por los que se sienten en riesgo de ser evidenciados de sus acciones ilegales y contrarias a las funciones que desempeñan y por los altos niveles e índices de corrupción que hay a lo interno», comentó y calificó las acciones como «contrarias a la impartición de justicia».
Uno de los argumentos presentados por los manifestantes fue que había «intromisión» de la CICIG en relación a la independencia de los jueces, De León consideró al respecto: «Esa circunstancia no se da porque hay un estatuto que le otorga a la Comisión una función en ese ámbito, los que dicen eso, se han olvidado que la situación del sistema que opera desde posiciones de poder donde se manda lo que se tiene que hacer, es decir, la independencia ya está perdida, indicó.
El analista insistió en que hay un «mensaje de oposición a la posibilidad de que el sistema pueda aplicar justicia de manera independiente, objetiva y racional» y consideró que ese es un reflejo de la crisis que atraviesan las instituciones en el país.
Manfredo Marroquín, analista de Acción Ciudadana, calificó de «solidaridad malentendida o bastante tergiversada», las protestas de los trabajadores del MP en torno a las aprehensiones que fueron giradas contra otros empleados.
«Ojalá viéramos a muchos de esos manifestantes hacer protestas exigiendo la eficiencia de las instituciones de las que forman parte, la depuración de estos organismos. Deja mal visto que manifiesten en contra de la CICIG porque es como si quisieran que las cosas sigan iguales», opinó Marroquín.
Sobre el tema de la «intromisión», Marroquín refirió que «está de más», ya que «desde que se firmó el convenio que da vida a la Comisión, el país reconoce o renuncia a su soberanía, así que no pueden venir a reclamar independencia a estas alturas. Hemos llegado a solicitar ayuda del ente internacional porque las instituciones nacionales son incapaces de dar resultados», consideró.
El analista agregó que la persecución por la vía penal se dio por parte de la CICIG, debido a que la vía administrativa es «poco funcional» y funcionan en base a intereses; «es una gran incongruencia que haya tanta vehemencia en este espíritu del cuerpo, nos gustaría ver que manifiesten pero contra lo que no funciona dentro de las instancias», expresó.
La CICIG solicitó la aprehensión de cuatro personas que participaron en las investigaciones por el asesinato de Víctor Rivera durante la jefatura de ílvaro Matus en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida del MP.
Los ahora procesados son: Dennis Billy Herrera Arita, ex auxiliar fiscal de la Agencia 19 de la sección de Delitos contra la Vida y Carlos Gabriel Rodríguez Serrano, auxiliar en la oficina de Protección del Testigo.
La Fiscalía también pidió la captura de Leyla Susana Lemus Arriaga, ex subdirectora de la Oficina de Protección del Testigo, y Pedro Pablo Girón Polanco, ex jefe de Análisis de esa unidad, quienes se presentaron voluntariamente al juzgado Octavo.
Aunque los cuatro fueron ligados a proceso por los delitos de conspiración y obstrucción a la justicia, según resolución de la juez Marta Sierra de Stalling, los primeros pagaron una fianza de Q15 mil y los segundos una de Q25 mil.