Las acciones ejercidas por la CICIG en las entidades del sector justicia ha generado una evidente, aunque no reconocida, molestia tanto en el MP como en la CSJ.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) inició su labor en el paí­s en septiembre de 2007 luego que el Congreso de la República aprobara el decreto que le darí­a vida a la fecha.

En diciembre último, Carlos Castresana, comisionado de la CICIG, anunció que este año las acciones en el Organismo Judicial serí­an concretadas y se darí­an a conocer las querellas que la entidad internacional tramita. Así­ fue, pero ello provocó ciertas reacciones que aunque no han sido manifestadas abiertamente sí­ se han percibido.

OPINIí“N

Esa sensación de molestia es real según Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, quien reconoció que en los medios «se ha planteado un debate sobre ese tema».

«Se percibe cierta resistencia en ese sentido. Es fundamental que las instituciones del Estado comprendan el compromiso del Estado al pedir apoyo para combatir la impunidad a Naciones Unidas por medio de CICIG; esperamos que por parte de los poderes haya voluntad polí­tica para cumplir con los requerimientos de la Comisión», expresó Canteo.

El analista agregó que de parte de las instituciones se ha percibido ciertos reclamos de autonomí­a o independencia: «hay que diferenciar el mandato jurí­dico que tiene CICIG y el compromiso polí­tico frente a la comunidad internacional de respaldar ese proyecto», manifestó el entrevistado.

Canteo agregó que los efectos de esa «resistencia», generarán que «si el Estado y las instituciones no atienden a los requerimientos de CICIG, el mandato plantea que esta comisión puede retirarse. Lo fundamental es que las entidades muestren imparcialidad.

En una entrevista publicada por la analista Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, dijo que actualmente «vemos cómo las instituciones se confabulan para que no se pueda terminar con la impunidad».

Mack añadió que no es posible que tanto las instituciones como la ciudadaní­a estén «anuentes» a no querer que termine esta impunidad en Guatemala y la violencia continúe.

REACCIONES

La semana recién pasada, Castresana se reunió con Eliú Higueros, presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para tratar el tema de la ampliación de competencia en los juzgados de la capital. El comisionado dijo al magistrado que de no aprobar ese proyecto esta semana recurrirí­a a una reforma sustantiva a la Ley Orgánica del Organismo Judicial en el Congreso.

Lo anterior generó una inconformidad evidente en Higueros, no obstante evitó reconocerla argumentando únicamente que «analizarí­an los requerimientos».

Dí­as más tarde, Castresana se reunió con Amí­lcar Velásquez Zárate, Fiscal General del Ministerio Público (MP) para que explicara algunas anomalí­as que se habí­an dado dentro del proceso contra el ex fiscal ílvaro Matus.

Velásquez se limitó también a responder: «Nosotros, al final, como Ministerio Público, somos los que hacemos el trabajo y el planteamiento ante los jueces, y si vamos a hacer planteamientos inconsistentes, los jueces no van a decretar las solicitudes que les hacemos».