Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos (PDH), presentó una acción de amparo en contra de 55 corporaciones municipales por el aumento en la tasa de alumbrado eléctrico.

El ombudsman manifestó que la tasa municipal por este servicio se ha ido incrementando “ilegal y abusivamente”; según informes de la entidad, en el año 2000 se autorizó una tarifa del 10 al 13 por ciento por el consumo eléctrico y en la actualidad las comunas cobran entre el 70 al 99 por ciento.

Con el amparo, la PDH busca que se suspenda el cobro del arbitrio, ya que se estima que el incremento de la tasa municipal ha afectado a pobladores de escasos recursos.
“Hay lugares donde los pobladores no tienen ni para comer y se está cobrando una tasa por alumbrado público, 3 o 4 veces mayor que su propio consumo de energía eléctrica”, lamentó.

Dentro de las municipalidades señaladas por De León figuran 11 de Huehuetenango, 11 de Escuintla, 6 de Zacapa, 5 de Alta Verapaz, 4 de El Progreso; además de otras corporaciones ediles de los departamentos de Chiquimula, Quiché, Petén, Guatemala, Izabal y Retalhuleu.