La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy ante la Corte de Constitucionalidad un recurso en contra de la próxima construcción de la Franja Transversal del Norte, debido a supuestos problemas legales.

De acuerdo con Carlos Barreda, miembro de la CIDH, se presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del referido megaproyecto, el cual se contempla en el Decreto 88-2005.

«Consideramos que el decreto aprobado por el Congreso contiene varias inconsistencias de carácter inconstitucional, especialmente porque no establece la fuente de financiamiento por la cual el Estado se compromete a pagar más de 20 millones de dólares al año a la empresa que se le adjudique la Franja Transversal del Norte», indicó Barreda.

Asimismo, consideró que al no estipular claramente la fuente de financiamiento, se están violando varios artí­culos de la Constitución de la República.

«Dicho decreto debe ser revisado por el Congreso de la República, debe regresarse para su discusión a fin de poder promover que un decreto de tanta importancia para los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal, no sea fuente de corrupción o fuente de una sobrevaloración o endeudamiento», indicó el personero de la CIDH.

Además, Barreda indicó que el proyecto no estipula quién o qué institución hará la supervisión en el tema de los derechos de ví­a, y el que no establece con claridad el hecho de que a la empresa que se le otorgue la obra, podrí­a concedérsele treinta años más de obtener los beneficios de la misma.

«Esperamos que la Corte (de Constitucionalidad) resuelva de manera ágil para que suspenda el proceso en el Ministerio de Comunicaciones (la licitación) y regrese la ley al Congreso de la República», respondió Barreda ante una interrogante.

El entrevistado refirió que también es criticable el hecho de que se le permita mucha discrecionalidad a la empresa para que negocie con los dueños de los predios, y negociar el derecho de ví­a.

«Asegurar la transferencia del proyecto, asegurar el monto de la transferencia de la obra, y también poder tener claridad en el proceso de fiscalización de este proyecto millonario, que es muy importante para el paí­s ?no nos oponemos a él? pero que se enmarque en el Estado de Derecho y que prevalezca el bien común», comentó Barreda.

También indicó que el proyecto del Anillo Metropolitano podrí­a presentar las mismas incongruencias constitucionales, pero mencionó que, debido a que el proceso de su licitación fue declarado desierto, no es tan urgente como la Franja Transversal del Norte, aunque sí­ mencionó que los dos decretos deben regresar al Congreso de la República.