Pueblos indígenas plantearon una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, pues la consideran arbitraria, “descarada” y a favor de los monopolios.
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Representantes de pueblos indígenas presentaron en la Corte de Constitucionalidad un recurso para derogar la recientemente aprobada Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos.
Miembros del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente indicaron que esta normativa legaliza la agresión y la criminalización de los pueblos indígenas, atentando contra la Autonomía Municipal, establecida en el Artículo 3 del Código Municipal, así como la propiedad privada, garantizada en el Artículo 39 de la Constitución Política.
Esto porque, según los demandantes, la otorgación de permisos para la instalación y fijación de arbitrios municipales que se deben percibir por la colocación de torres de transmisión de telecomunicaciones y cableado de transmisión de datos en propiedad privada o pública, quedará ahora en manos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT); favoreciendo monopolios y violando el derecho de consulta.
“Esta norma deja a los alcaldes como empleados de las empresas privadas y a las municipalidades como un ente al servicio de estas, con la posibilidad de sanciones a los ciudadanos o funcionarios que impidan la instalación de equipos de transmisión, además de que se restará el ingreso a las arcas municipales”, expresó Benito Morales, representante legal del CPO.
El abogado calificó la iniciativa como “engañosa y una provocación a la conflictividad social”, porque solo en los tres primeros artículos se busca prevenir el tráfico de telecomunicaciones móviles en los centros de privación de libertad, mientras que los restantes se refieren a la infraestructura para la transmisión de datos “garantizando totalmente el control de la iniciativa privada, asegurando la perpetuidad de los privilegios a los monopolios”.
La Cámara de Industria junto a la Gremial de Operadores de Televisión por Cable, se encuentran analizando las acciones legales contra el decreto 12-2014, argumentando que incluye disposiciones ambiguas que dan margen a distintas interpretaciones sobre el derecho a la propiedad privada, así como a la autonomía municipal.
“Aún la estamos evaluando y mañana podríamos tener resultados al respecto. No creemos que esté hecha con un análisis técnico y desconozco si la ley tiene otros fines, pero nos llama la atención la rapidez con la que se aprobó en el Congreso”, comunicó Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG.
La Ley fue oficializada con la publicación del decreto 12-2014, el pasado 24 de abril en el diario oficial, y entró en vigor el siguiente día.