El Contralor de Cuentas tiene que recurrir a una especie de puerta trasera para intentar el control de los gastos incurridos en la ampliación del aeropuerto La Aurora porque ni las autoridades de Aeronáutica Civil ni mucho menos las de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), le proporcionan las cifras y los contratos, por lo que el funcionario, presionado por un Congreso que está poniendo el dedo en la negociación, se ve obligado a intentar la auditoría en las empresas subcontratadas para realizar los trabajos.
Hoy se dice en el editorial de Prensa Libre que el representante de la OACI en Guatemala dijo que no podía dar información porque toda ha sido enviada al extranjero, a la sede del Organismo, y que por lo tanto para las autoridades de Guatemala no hay datos disponibles. Nos parece inaudito que pueda haberse dado ese tipo de declaración y de ser confirmada, lo primero que habría que hacer es declarar non grato a quien pueda mostrar tal desfachatez que no puede sino servir para confirmar que nos vieron la cara de idiotas y que hay manejos tan turbios y oscuros, realizados bajo la dirección de ese personaje, que mejor mandaron todas las pruebas afuera para evitar que les cuenten las costillas.
Al margen de lo que pueda descubrirse en las obras de ampliación del aeropuerto, lo cierto del caso es que Guatemala ha incumplido con la normativa constitucional que obliga a la Contraloría de Cuentas a supervisar toda erogación que hace el Estado y ese relajo no puede continuar. Es indispensable que el gobierno recién instalado tome una postura definida al respecto, para que los ciudadanos sepamos a qué atenernos. No hay ninguna declaración del gobierno del señor Colom que indique que van a abandonar la práctica de apañar los gastos públicos en la inmunidad diplomática y mientras eso no se produzca, el riesgo de que se siga actuando como hasta ahora estará latente.
Compartimos el criterio de que las obras de ampliación son importantes, pero jamás avalaríamos que se continúen si en las mismas hay trinquete. Por ello es necesario esclarecer la forma en que se han manejado los gastos para darle continuidad a la ampliación y terminarla, pero no a cualquier costo y mucho menos si para ello hay que hacerse de la vista gorda y apechugar ante manejos que, por lo menos, se nos quieren ocultar de forma por demás maliciosa.
Si el Contralor, con todo y las facultades constitucionales que tiene, debe ir a la puerta trasera para indagar sobre el millonario gasto, qué puede esperar la sociedad guatemalteca. Pero no basta indagar, sino que hay que impedir el relajo para que en el futuro no se acuda a ese mañoso procedimiento.