«La idea era quedarnos aquí, traer a nuestros niños y conseguir los documentos porque aquí se vive mejor», pero «me han planteado el retorno y he dicho que sí»: la paraguaya Magaly Báez es una de los muchos inmigrantes a quienes la crisis ha forzado a renunciar a su proyecto vital en España.
Esta madre de 26 años que perdió su empleo hace unos meses, al igual que su marido, se ha visto obligada a acudir desde hace unas semanas a un comedor de inmigrantes tras haberse quedado sin recursos.
«Â¡Al principio me daba hasta vergí¼enza!», confiesa, turbada, esta paraguaya de 26 años cargada de bolsas de plástico con fiambreras en las que se lleva el almuerzo y la cena del día para dos y la comida para su bebé de 9 meses.
Para ellos «la ayuda es súper importante», confiesa. «Si no fuera por eso, ¡quién sabe si estaríamos comiendo!», se angustia la joven, que llegó a España hace casi tres años sin papeles con el objetivo de traer más tarde a sus otros tres hijos e instalarse en el país, y a quien la crisis ha obligado a desistir.
Mientras espera a que la Cruz Roja inicie los trámites para ayudarles a retornar pagándoles los billetes de avión, a través de un plan gubernamental para inmigrantes ilegales en situación límite, vive de dinero prestado, trabaja tres horas por semana limpiando y hace de canguro en apartamento, que comparte con compatriotas.
El desempleo ha obligado a muchos inmigrantes a pedir ayuda básica y en el único comedor para ellos abierto por la Comunidad de Madrid, éstos han pasado «de 500 a más de 600» al día, frente a los 300 de antes de la crisis, según su director, Javier Hernández.
«El retorno, todavía no», dice por su parte el boliviano Germán Cuéllar, camarero de 44 años, sin papeles y sin trabajo desde hace un año y medio. Del comedor se lleva la comida para él, su esposa y dos hijos de 17 y 3 años.
«Lucharemos hasta el final y si hay que retornar, lo haremos, pero como nuestros hijos están estudiando, no queremos cortarles el estudio», defiende, sin perder la esperanza en obtener el permiso de residencia y poder «trabajar en alguna provincia fuera de Madrid».
Aunque la economía española ha salido de la recesión, la crisis sigue afectando duramente a los inmigrantes en un país de 47 millones de habitantes en que 12,2% son extranjeros (5,7 millones). Un 26,6% de éstos son latinoamericanos (1,45 millones), la mayor comunidad no europea, según cifras oficiales.
La mayoría llegaron en los últimos 15 años animados por un crecimiento económico a veces superior a la media de la UE al que contribuyó el «boom» de la construcción, y España es hoy uno de los países europeos con más inmigración, aunque con la crisis el gobierno asegura que las llegadas han caído drásticamente.
La recesión disparó el desempleo en España desde el 8% de la población activa a cerca del 20% (más de 4 millones), pero entre los inmigrantes es un 10% mayor y ronda el 30% (más de un millón de personas) desde hace dos años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El ecuatoriano César Lezcano, de 40 años, que perdió su empleo en una panificadora de Alcalá de Henares (cerca de Madrid) a mediados de noviembre, no ha dudado en acogerse al otro plan que ofrece el gobierno español a los inmigrantes legales en paro para retornar, cobrando en dos partes el subsidio que les corresponde por desempleo.
«No lo pensé mucho», «cada día uno va viendo a amigos que no encuentran trabajo» y «yo quería aprovechar lo poco que tenía», explica.
Ha cobrado el 40% del subsidio (3.500 euros) y los 5.000 restantes los recibirá en Quito. Con el dinero quiere «comprar un pequeño negocio», como un locutorio telefónico.
Después de tres años en España se va con una sensación agridulce, «con una pequeña desilusión», ya que ha tenido que renunciar a su sueño de ahorrar en España para hacerse una casa en su país.
El gobierno español, preocupado por la alta tasa de desempleo entre los inmigrantes, estudia medidas para evitar que los que se quedan sin trabajo pierdan también su permiso de residencia, después del fracaso del plan de retorno voluntario puesto en marcha por la crisis.
Cuando la economía española cayó en la recesión, hace dos años, el gobierno socialista apostó por los planes de retorno voluntario para tratar de reducir la masa de inmigrantes que perdían su trabajo.
El ejecutivo ya contaba con un plan de retorno para extranjeros en situación vulnerable, gestionado por algunas ONG que pagan el billete de avión a inmigrantes sobre todo ilegales y sin recursos. En estos dos años han retornado unos 6 mil.
A éste añadió otro, aprobado a finales de 2008, para que los inmigrantes legales que se quedaban sin trabajo pudieran regresar a sus países recibiendo en dos veces el subsidio por desempleo, que en España dura un máximo de dos años.
El gobierno esperaba en un primer momento que se acogieran unas 100 mil personas, pero ha tenido mucho menos éxito debido al poco capital que supone.
En dos años lo han solicitado unas 15 mil personas y se han marchado unas 5 mil, según el ministerio de Trabajo.
«Ha sido un fracaso»: la cantidad que se cobra «no basta para comprar los billetes de vuelta, comprar una casa e instalarse o crear un pequeño negocio», dice de este programa Raúl Jiménez, portavoz de la ONG Rumiñahui.
Además, los beneficiados deben entregar el permiso de residencia al llegar al país de origen y no volver a España en tres años, lo que también desanima a muchos, añade.
«Los que se acogen es porque están en una situación desesperada», comenta, y propone vincularlo a un proyecto productivo, al igual que el plan «Bienvenido a casa» del gobierno ecuatoriano, que da ayudas a nacionales que quieren retornar, tienen un proyecto para crear un negocio y cuentan con al menos la mitad de los fondos.
En 2011 se prevé un aumento de inmigrantes en paro que pierdan sus recursos y sus papeles porque muchos dejarán de recibir el subsidio de desempleo (dura un máximo de dos años y la crisis se agudizó a inicios de 2009).
Además el gobierno suprimirá en febrero la subvención de 426 euros para desempleados sin subsidio que aprobó como medida excepcional durante la crisis.
El ministerio de Trabajo e Inmigración estudia ahora hacer frente a lo que llama «irregularidad sobrevenida» y que quien pierda su contrato de trabajo, necesario para renovar el permiso de residencia, pueda mantener éste si su pareja está en situación regular.
«No es razonable» entrar «en situación de ilegalidad» por la crisis, por lo que «parece lógico que se busque un tiempo para que la persona en cuestión se pueda mantener (en España)», declaró recientemente el ministro Celestino Corbacho.
Esta u otras medidas se incluirían en el reglamento que desarrolla la nueva ley de Extranjería aprobada a finales de 2009, indicaron fuentes del ministerio. La elaboración de ese reglamento, prevista a finales de año, se ha retrasado al primer trimestre de 2011.