Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, señaló que la mayoría de las municipalidades del país no hacen cumplir la Ley de Libre Acceso a la Información, «y algunos alcaldes reprimen las demandas de información de la población, con amenazas de muerte en varios municipios», destacó.
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) no ha demostrado su actividad que le corresponde para intervenir contra las amenazas, «no ha condenado moralmente a los alcaldes», dijo Marroquín, lamentando que el riesgo de perder la vida lo reciben quienes se atreven a insistir en obtener información sobre los gastos invertidos en sus municipios.
Los alcaldes que burlan la ley y no respetan a los pobladores o a las personas que solicitan informes, ocurre principalmente en Alta Verapaz, Sololá, Suchitepéquez y San Marcos.
Además, se ha detectado que periodistas y bufetes que representan empresas son el 80% que más solicitan información aplicando la Ley de Libre Acceso a la Información Decreto 57-2008.