En medio de la creciente preocupación por denuncias de ataques contra periodistas se produjo la agresión realizada directamente por un jefe policial en contra de dos reporteros que trabajan como corresponsales de medios de comunicación en el departamento de San Marcos, lo que ha provocado una ola de protestas por la prepotente actitud del subinspector De la Cruz García y de los agentes bajo su mando, quienes esposaron a los corresponsales y los amenazaron de muerte por el simple hecho de que esos periodistas le caen mal al funcionario de la Policía Nacional Civil.
Es obvio que el trabajo de la prensa resulta molesto y eso ha sido siempre igual a lo largo de la historia. Mientras más se ocupa la prensa por informar sobre anomalías cometidas por servidores públicos o por excesos cometidos por particulares en perjuicio de la sociedad, mayor es la inconformidad que provocan las publicaciones y también mayores son las reacciones que llegan en muchos casos a ser violentas, como pasó el último fin de semana cuando dos corresponsales decidieron dar cobertura a un operativo de la PNC en contra de motoristas. No es novedad que muchos de los puestos de registro que montan agentes de la autoridad se convierten en puestos de asalto y eso es lo único que explica la irracional reacción de los agentes que llegaron a decir que se iban a quitar el uniforme para asesinar a los periodistas porque ya están hartos de su trabajo.
El oficio de los comunicadores sociales, necesario para mantener informada a la población, es generalmente motivo de repudio porque hasta aquellos que aplauden el papel informativo de la prensa se resienten cuando por alguna razón les toca ser objeto de señalamientos o ven que su nombre aparece impreso en los medios. En otras palabras, los ciudadanos aprecian y aplauden el trabajo de los comunicadores, pero la simpatía termina abruptamente cuando en el ejercicio de su función tienen que informar sobre hechos concretos y los involucrados se sienten agraviados por el papel de la prensa, sin reparar en que no es la información lo que les hace daño, sino su participación en hechos reñidos con la ley y las buenas costumbres.
Creemos importante que se siente un sano precedente en el caso del subinspector De la Cruz García porque su comportamiento puede estimular a otras autoridades a comportarse con igual arrogancia y prepotencia. Es indispensable que se haga ver que el respeto a la libre emisión del pensamiento empieza por los servidores públicos que tienen la obligación de acatar el mandato constitucional sobre los derechos y garantías para la información sin presiones ni censura.
Minutero
La libertad de expresión
no puede ser violentada
mediante alguna agresión
como la que ya está probada