El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, querellante adhesivo en el juicio contra los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez, solicitó ante el tribunal que tramitó el proceso que como parte del resarcimiento derivado de la sentencia se ordenara gestionar ante el Ejecutivo una iniciativa de ley para legislar de manera que se sancione penalmente cualquier expresión que niegue el genocidio en Guatemala, lo cual constituye un serio atentado contra el derecho a la libre emisión del pensamiento por cualquier medio y sin censura alguna y contradice la garantía constitucional existente en Guatemala.

Por fortuna, la gestión no fue tomada en cuenta por el tribunal, pero no quiere decir que la iniciativa quede sin ser objeto no sólo de análisis, sino de rotundo rechazo porque es inconcebible que un instituto que se define como promotor de la acción legal para proteger los derechos humanos, tome una iniciativa para limitar uno que es pilar de todos los derechos de la humanidad, puesto que sin libre expresión y sin posibilidad de manifestar los más variados puntos de vista, no se puede pretender que haya respeto al resto de garantías del individuo.
 
 Actitudes como la que ahora asume CALDH se plasmaron precisamente en leyes como la de Defensa de las Instituciones Democráticas dictada en tiempos de la Liberación, cuando se prohibió, por decreto, cualquier pensamiento que a juicio de los legisladores pudiera atentar contra las instituciones que el Estado definía como democráticas, aún sin serlo. La arrogancia de aquellos años hundió al país en un enfrentamiento terrible y sangriento porque se impidió cualquier debate y se penalizó la disidencia, tipificando como gravísimo delito el de pensar en forma distinta a lo que se definió en esa ley como democracia.
 
 El debate sobre nuestro pasado tiene que ser amplio, profundo e irrestricto para que pueda servirnos para articular la verdadera paz y reconciliación. Por decreto jamás se establece la verdad y hay un exceso de arrogancia y prepotencia en quienes pretenden imponer con fuerza de ley sus puntos de vista sin permitir siquiera la posibilidad de discutirlos y de rebatirlos.
 
 Entidades de prensa tan variadas como puede ser la Asociación de Periodistas de Guatemala y la Cámara Guatemalteca de Periodismo han elevado su voz de protesta. Ciertamente esas asociaciones no tienen ya el peso que históricamente tuvieron en su momento, pero han fijado un punto de vista válido en defensa de la libertad de prensa, mismo que nosotros extendemos a la libertad de pensar, de decir lo que se piensa y de tener acceso a la información, derecho inalienable de todo el pueblo.

Minutero:
El debate sobre el pasado
no puede ser censurado;
sólo con total libertad
podemos encontrar la verdad