Hemos visto que en los últimos tiempos ha habido avances importantes en la investigación de ciertos crímenes y ahora creo que es absolutamente necesario que se haga el mejor despliegue para investigar el atentado que sufrió la señora Telma Yolanda Oquelí García porque se trata de un hecho que compromete seriamente la paz social.

No estoy, en absoluto, prejuzgando sobre si la empresa minera de San José el Golfo, a la que se ha opuesto la activista, tiene la menor responsabilidad en el hecho, pero después de lo ocurrido en Santa Cruz Barillas, considero que para bien de todos, las autoridades tienen obligación de aclarar este ataque.
 
 Hay grupos sociales que están señalando de manera directa que el ataque es producto de la labor que la víctima viene realizando para defender los derechos de la comunidad frente al avance de los trabajos de una empresa minera. Desafortunadamente ya hay antecedentes que pueden servir para que, sin las investigaciones pertinentes, la idea se fije en la mente de la opinión pública porque lamentablemente está demostrado que eso puede ocurrir y por ello es que para bien tanto de la víctima del ataque como de la misma empresa que pueda estar siendo cuestionada, se haga la mejor y más eficiente investigación.
 
 Y en general creo que todo el abordaje que hay al tema de la minería tendría que sufrir un giro radical y profundo, porque de hecho la controversia entre las comunidades y las empresas está y en general es consecuencia de actitudes arrogantes que desprecian el diálogo. Por experiencia he visto que la gente rara vez se va contra la razón cuando se le explican los hechos y se le trata con el debido respeto, pero como en los últimos años se ha seguido la ruta de criminalizar la protesta y acusar de delincuentes a los que se oponen al daño ecológico, hay una especie de común denominador para ignorar o despreciar las observaciones que hacen las comunidades.
 
 El problema en estos casos es que se da lugar a la formación de criterios preconcebidos de uno y otro lado. Por ello no veo otra salida que la de avanzar en las investigaciones para determinar sin lugar a dudas el móvil y las responsabilidades en el ataque violento contra una mujer que es, además, una importante activista social con un papel de liderazgo nada despreciable en la lucha por la defensa de intereses comunales.
 
 En Santa Cruz Barillas se acusó desde el principio a personal de la empresa de tener responsabilidad en el crimen que desató todo el conflicto y las investigaciones corroboraron que los imputados tenían relación con la empresa en cuestión. A ello se agregó la torpe declaración del vocero de la empresa que en tono de conquistador de tiempos de la colonia, se refirió a los pobladores como gente ignorante, manipulada y además calificándolos de criminales. Si los personeros de una empresa mantienen esos criterios y los repiten frente a sus esbirros o los que se pueden convertir en esbirros, no debe sorprender a nadie que haya actos violentos porque muchas veces los subalternos interpretan como orden para actuar las expresiones subidas de tono de los jefes.
 
 En un país como Guatemala no se puede descartar, de ninguna manera, que alguien pueda ser víctima de hechos de violencia común, pero sería también insensato pasar por alto otras probabilidades simplemente porque vivimos en una sociedad extremadamente violenta en la que no se asigna ningún valor a la vida. Yo tengo confianza en los avances que han tenido el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad en el campo de la investigación y pienso que ahora es cuando más falta hace que puedan esclarecer un hecho sangriento que pone en tanto riesgo la paz social.