Aquí, en nuestra linda tierra Guatemala, cualquier funcionario o empleado público puede incumplir deberes y responsabilidades sin ninguna consecuencia. El primer día hábil del año 2011 fue todo un caos, ante la ineficacia de los encargados de velar por el orden, seguridad, tranquilidad y el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Desde las primeras horas de la mañana las carreteras en distintos puntos de nuestro territorio fueron bloqueadas, impidiendo el libre tránsito de vehículos, lo que causó graves perjuicios a quienes esperaban ansiosos la carga que transportaban una inmensa cantidad de productos que sustituirían los agotados durante el largo período festivo de fin de año.
Como que si el Estado no tuviera enorme cantidad de personal a su servicio y a pesar que los ex PAC habían advertido tomar acciones de hecho como medida de presión por el incumplimiento de las autoridades para hacerles efectivo el tercer pago que les adeudan todavía, se llegó al punto de propiciar problemas a nuestra población, como si con la inseguridad no tuviéramos bastante.
A media mañana de ese mismo día, en los alrededores de la segunda calle de la zona 9, se armó Troya, cuando de manera intempestiva trabajadores del Renap formaron cadenas humanas para impedir el paso de vehículos en otro sitio neurálgico de la ciudad capital, alegando injusticia por negar la renovación de contratos laborales. ¿Falta de previsión por no avisar con antelación la medida adoptada?, ¿incapacidad para no seguir fallándole a la población en la extensión de documentos vitales e importantes? Vaya usted a saber, pero lo cierto, es que todo ello provocó todavía más congestionamiento en una zona de intenso movimiento comercial, bancario y financiero.
Para cerrar con broche de oro el día, en horas de la tarde, a toda la población horrorizada nos tocó sufrir las dantescas escenas tantas veces vista en otros países en guerra, cuando en la calzada San Juan, zona 7, otra área intensamente concurrida de vehículos, se vio paralizada ante el brutal ataque a un autobús con un explosivo que provocó la muerte de 7 personas y 17 heridos. El resto lo sabemos de sobra. Han vuelto a abundar las promesas de investigar, de tomar medidas, de patrullar, de unir esfuerzos, de pedir más dinero porque el que se tiene no alcanza, de aplicar la ley drásticamente, en fin, las cantaletas de siempre, de quienes por casi tres años consecutivos han venido demostrando una incapacidad monumental para cumplir con sus deberes y obligaciones, sin que nadie, léase bien, ¡nadie!, haya podido recordar que nuestro Código Penal establece que, aquel funcionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo será sancionado con prisión de uno a tres años. ¿Letra muerta o ausencia absoluta de acciones para hacer valer nuestros derechos? Hasta que no se cumpla la ley todo seguirá igual o peor.