España abrirá los archivos secretos de sus embajadas y consulados en Argentina en busca de las víctimas españolas desaparecidas durante la dictadura militar en el país sudamericano.
El portavoz del gobierno, José Blanco, dijo hoy que España accedió a la solicitud de la Audiencia Nacional, que pidió una copia de dichos documentos en el sumario que investiga las desapariciones de ciudadanos españoles durante el último régimen de facto argentino (1976-1983).
El acuerdo permitirá el acceso a documentos consulares, hasta ahora secretos, comprendidos entre 1970 y 1980, así como a cualquier expediente que figure en denuncias formuladas por españoles o sus descendientes.
En concreto, la petición al gobierno fue realizada por el magistrado Pablo Ruz a instancias de la formación política española Izquierda Unida, querellante en una causa abierta en 1997 por el juez Baltasar Garzón.
Los documentos que buscan llevan por título «Legajos de desaparecidos españoles 1970-1980». En uno de sus autos, Garzón llegó a contabilizar, con nombre y apellido, al menos 576 víctimas originarias del país ibérico.
El Ejecutivo exigió «la máxima protección y reserva procesal posible» dada «la gravedad y la naturaleza» de los hechos que se investigan.
La decisión del gobierno socialista en funciones se tomó en su último Consejo de Ministros antes de que el líder del conservador Partido Popular, Mariano Rajoy, asuma el cargo como nuevo presidente la próxima semana.
En este periodo de transición es habitual que los dirigentes del futuro Ejecutivo, en este caso los populares, estén informados y den su conformidad a los acuerdos del gobierno saliente.
Garzón abrió el caso de los españoles desaparecidos en Argentina en 1997, en el que se acusa de delitos de genocidio, terrorismo, tortura y lesa humanidad, entre otros, a varios dirigentes de la dictadura.
Es el conocido sumario 19/1997 que marcó un punto de inflexión en la historia de la justicia española. Con ese sumario, que también investigaba las muertes de españoles en Chile, Garzón pidió la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Aquella investigación también fue la piedra angular de la acusación contra el ex capitán de fragata argentino Adolfo Scilingo, condenado en España a 640 años de cárcel en 2005 por su participación en los llamados «vuelos de la muerte».
Garzón está actualmente apartado de la carrera judicial por varias acusaciones de presunta prevacaricación, una de ellas relacionada con su intento fallido de abrir una investigación sobre la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Pero el caso de los desaparecidos sigue en manos de su sustituto, el magistrado Ruz.
El gobierno argentino estima que cerca de 13.000 personas murieron víctimas de la represión ejercida durante la dictadura militar. Algunos grupos defensores de los derechos humanos consideran que fueron 30.000 los muertos.