La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició hoy una audiencia de dos días por una denuncia de un ecuatoriano que estuvo preso casi dos años en Panamá, en el primer caso que deberá resolver sobre derechos de migrantes indocumentados en el continente.
Los abogados del denunciante creen que el fallo de la Corte puede sentar un precedente poco después de que el Estado de Arizona (suroeste de Estados Unidos) pusiera en vigor una ley contra los inmigrantes indocumentados.
El denunciante, el ecuatoriano Jesús Tranquilino Vélez Loor, relató a la Corte la odisea que vivió tras ser capturado en 2002 por soldados en territorio panameño sin tener visa, mientras intentaba llegar a Estados Unidos.
Vélez, que ahora tiene 44 años, fue condenado a dos años de prisión por la Dirección de Migración panameña, y alega que jamás compareció ante un juez, no se le permitió contactar a su familia ni al Consulado ecuatoriano, y que sufrió torturas a manos de los soldados que lo arrestaron cerca de la frontera colombiana.
Los soldados lo obligaron a caminar descalzo hacia su base, «donde me colgaron de un poste, de un arco de fútbol, donde permanecí ocho horas, hasta el otro día», relató Vélez ante el panel de siete jueces, encabezado por el presidente de la Corte, el magistrado peruano Diego García-Sayán.
«Toda la noche fue un sufrimiento, colgando de mi brazo como si fuera un animal», relató Vélez, quien agradeció «a Dios por estar aquí para declarar ante la Corte», con sede en San José, que en un plazo estimado de seis meses dictará su sentencia, que es de cumplimiento obligatorio para los Estados.
Vélez fue recluido en una prisión de la isla Palma y después en el penal capitalino de La Joyita, donde alega que también sufrió malos tratos, incluida una herida en la cabeza luego de que migrantes presos realizaran una «huelga pacífica» debido a las malas condiciones de reclusión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, acogió la denuncia de Vélez, quien es representado por abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una ONG que promueve los derechos humanos.
Vélez fue condenado «sin ningún procedimiento (judicial), a él nunca se le puso frente a una autoridad, nunca se le notificó de lo que estaba acusado», dijo a la AFP la comisionada de la CIDH en el juicio, María Silvia Guillén.
«Las personas son personas, independientemente de que estén en su país o se desplacen hacia otra región. Si bien cada estado tiene derecho a poner sus normas que rigen la migración, eso no supone que cuando un extranjero entra a ese país sin documentos, pierde sus derechos como persona», agregó.
Vélez busca una reparación moral, que incluya el reconocimiento por parte de Panamá de que sus funcionarios violaron sus derechos humanos, y que le pague un tratamiento médico por las heridas sufridas en prisión, entre otras demandas.
«Este caso puede arrojar luz, con una sentencia de la Corte, sobre los estándares mínimos que tienen que servir de límites para los estados a la hora de determinar sus políticas públicas en materia migratoria», dijo la abogada de CEJIL en el proceso, Marcela Martino.
«Yo creo que (el fallo de la Corte) se tiene que escuchar en Arizona y mucho más lejos, a lo ancho y largo de nuestro continente», declaró Martino.