Aunque las consecuencias del terremoto del 7 de noviembre son las causas que aduce el presidente Otto Pérez Molina para posponer las abortadas reformas a la Constitución Política, puesto que el proyectado referéndum representaría un desembolso de Q250 millones, debe concedérsele el mérito de la rectificación, sobre todo porque únicamente los políticos oficialistas más lambiscones y los iluminados asesores en materia constitucional eran los más fogosos promovedores de una iniciativa condenada al fracaso.

Desde mi independiente perspectiva, algunas enmiendas a la ley matriz son necesarias y hasta imprescindibles, como las modificaciones al sistema electoral y de partidos políticos, por ejemplo, en vista de que es indispensable sanear la actual normativa, siempre y cuando los cambios sustanciales no estuvieran a cargo de los actuales miembros de la desprestigiada casta política; además de que es determinante fijar en 140 diputados al Congreso y la creación de 60 distritos electorales, por razones que he expuesto anteriormente con abundancia de detalles y que se refieren a que cada una de esas áreas geográficas tiene sus especiales peculiaridades étnicas, económicas y de otra índole.

Otras enmiendas incluidas en el proyecto presidencial no requieren necesariamente reformas de artículos constitucionales, puesto que pueden modificarse por medio de procedimientos más flexibles sin acudir a modificar la ley fundamental, siempre y cuando no se escondan intereses políticos coyunturales.

El anuncio presidencial de posponer las citadas reformas, fue acatado con docilidad por diputados oficialistas que eran los más fervientes impulsadores de las modificaciones, como el sumiso presidente del Congreso, don Gudy Rivera, quien de inmediato y sin haber recibido oficial y formalmente petición o instrucción del general Pérez Molina, se apresuró a decir que se trata de “Una decisión atinada del Ejecutivo, ya que los recursos que se ahorren en la consulta popular (¿cuándo se había resuelto tal referéndum?) se usarán para la reconstrucción”.

Ese destello de lucidez ha dejado apabullados a los mismos parlamentarios del Partido Patriota, como si no se hubiesen enterado previamente de la información que expuso el presidente Pérez Molina en declaraciones de prensa. El experimentado político Oliverio García Rodas, quien tiene empacadas en gavetas de sus roperos numerosas camisolas de los partidos a los que ha estado afiliado desde hace un par de décadas y quien actualmente preside la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, también procedió raudamente a guardar la compostura y a cesar de inmediato en las honorables negociaciones que realizaba con dirigentes de distintas bancadas, además de tragarse inmutablemente toda su farragosa argumentación a favor de las reformas.

Lo que se ignora, al menos hasta este momento, es el destino de los exquisitos asesores presidenciales Eduardo Stein y Edgar Gutiérrez, los más agudos consejeros que le recomendaron al gobernante la estupenda idea, puesto que podrían realizar otras tareas dentro del presupuesto del Estado, sea del barniz (porque no se puede decir del pensamiento) ideológico del gobierno al que sirvan, o a lo mejor ya han preparado el terreno para prestar sus invaluables servicios a alguna organización internacional, o tal vez les esperen delicadas labores en otros ámbitos para ganarse el pan de cada día.

(El metiche Romualdo Tishudo parafrasea el siguiente refrán popular al oído del Presidente:-¡Cuídese de quien no tiene nada que perder!)