Cuando estudié en la Facultad de Derecho e hice mi práctica en derecho penal, los procesos se ventilaban por escrito y los abogados no necesitaban grandes dotes histriónicas ni oratorias. Los programas de Perry Mason eran lo más cercano que teníamos a la experiencia del juicio oral en el que la fuerza de las argumentaciones dependía en formidable medida de la capacidad del jurista para exponer sus puntos de vista.

Con el tiempo, la televisión norteamericana empezó a transmitir en vivo muchos juicios importantes y hasta hubo un canal, Court TV, que dedicaba horas a la aburrida cobertura de juicios de poco interés mediático. Aparte eran casos seguidos apasionadamente por el público, como el juicio a O. J. Simpson o el que se siguió en Palm Beach a uno de los jóvenes de la familia Kennedy, estudiante de medicina, acusado de haber querido violar a una dama con la que se tomaron unos tragos en un bar.
 
 En Guatemala ha sido ahora cuando hemos tenido más oportunidad de ver en acción a los profesionales del derecho porque, sin duda alguna, pocos juicios han captado tanta atención como la que mantiene el proceso al general Efraín Ríos Montt, mismo que ha despertado pasiones verdaderamente encendidas, al punto de que se advierte que ese proceso puede ser el preludio de nuevos choques sangrientos entre los guatemaltecos.
 
 Y por supuesto que ha permitido ver en acción a nuestros más destacados abogados penalistas, aquellos que gozan de fama y a los que cualquier persona que tiene algún problema con la ley quiere tener de su lado. Y quizá la conclusión más clara y contundente es que nuestro sistema judicial está tan lleno de agujeros que no es cosa del otro mundo entrampar un proceso y enredarlo de tal manera que se haga prácticamente imposible la efectiva administración de la justicia porque los vericuetos que ofrece la tramitación del proceso, con todo y la agilidad que se buscaba cuando se estableció la oralidad procesal, permiten que los verdaderos operadores, los que trabajan tras bastidores y son los verdaderos amos del poder judicial en el país, puedan garantizar a quienes necesitan de sus servicios que todo saldrá realmente al gusto del cliente, aunque para ello tenga que molestarse a la que se ha convertido no sólo en última sino en más importante, decisiva y manipulable instancia, es decir la Corte de Constitucionalidad.
 
 Gestos, ademanes, gritos y súbitas enfermedades son apenas gajes de un oficio en el que, evidentemente, todo se vale. Desde el anuncio de la masiva renuncia de todos los letrados que han llevado el caso, para forzar al tribunal a suspender audiencias con la idea de ganar tiempo para que los nuevos abogados se “empapen” de las incidencias procesales, hasta la aparición de cálculos biliares capaces de generar misteriosas sangrías en juristas que, en apariencia, lucen sanos y robustos.
 
 Algunos dicen que todo juicio es algo de circo y que los más astutos y cotizados abogados tienen que ser buenos histriones no sólo para impresionar a los juzgadores sino también para justificar las elevadas facturas que cubren sus honorarios. Pero la población rara vez tiene oportunidad de ver en su salsa a esos abogados cuyos nombres llevan años de estar en la boca de todos y que, generalmente, son criticados y hasta vilipendiados pero que, a la hora de cualquier problema judicial, se convierten en pieza indispensable porque se les reconoce que son los que saben cómo se mueve la melcocha en las diferentes instancias.
 
 Vaya usted a saber si eso es justicia. Lo que todos podemos saber es que en Guatemala el sello de la justicia es el de la impunidad. Quien ordena matar a unos cuantos hijos de puta, citado textualmente, va con arresto domiciliario. El que se roba una gallina, en cambio, se pudre sin juicio en la cárcel.