Un grupo de aproximadamente 150 campesinos de Sololá acusan a Cristóbal López de hacerse pasar por abogado y estafarlos por más de Q600 mil a cambio de un donativo que no fue otorgado.
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Los demandantes refieren que fueron intimidados por el sindicado para que le entregaran las últimas cuotas que les exigía a cambio de litigar en favor de ese donativo.
El caso cuenta con más de 20 representantes comunitarios que se querellaron al proceso contra quien se hizo pasar por abogado en ese departamento.
Denuncia
Según la denuncia, López se presentó a diferentes aldeas y caseríos de Sololá haciéndose pasar como abogado para prometer a los pobladores una donación de 40 mil dólares (unos Q300 mil) que negociaría en la Embajada de Canadá.
A cambio del supuesto donativo, el ahora procesado le exigía dinero a cada uno de los 150 campesinos que fueron estafados; los miembros de las comunidades fueron pagando durante meses lo que López les reclamaba.
Juan Manuel Salay, abogado representante de los denunciantes y querellante adhesivo dentro del proceso, indicó que la última suma que los campesinos entregaron a López fue de aproximadamente Q650 mil.
Salay añadió que los campesinos fueron intimidados por el hoy demandado para que le entregaran con premura el dinero a cambio de la citada negociación, por lo que habían incorporado dentro de la denuncia los delitos de coacción y amenazas.
López se encuentra demandado y procesado por los delitos de estafa, usurpación, coacción y amenazas y fue capturado el 21 de octubre último en Sololá.
El juzgado Primero también podría resolver enviar el proceso hacia el departamento de Sololá para que sea un tribunal regional el que juzgue los hechos denunciados por los pobladores de esa región, en caso que se diera luz verde a la apertura a juicio en contra de López.
En detalle
El Código Penal establece que el delito de estafa es sancionado con prisión de seis meses a cuatro años y una multa de Q200 a Q10 mil.
El anterior es el único delito que sanciona con una multa económica a quien fuera culpable de la comisión del ilícito, ya que en el caso de la usurpación es sancionada, según la Ley Penal, con prisión de uno a tres años.
La coacción contempla una pena de dos a seis años de prisión y las amenazas una sanción de dos a seis años, según el Cógido Penal guatemalteco.