Uno de los abogados que el Organismo Legislativo contrató en 2008 para asesorí­a jurí­dica, se ha apersonado en procesos relacionados con el narcotráfico y una multimillonaria defraudación al Estado de Guatemala.

Diario La Hora constató que el abogado Leonel Eduardo Véliz Guzmán, con contrato en el Congreso de la República y quien representa a ese organismo en el proceso abierto por la inversión anómala de Q 82.8 millones en la Casa de Bolsa Mercado de Futuros, se ha apersonado en otros procesos.

A criterio de analistas consultados, aunque los abogados tendrí­an la libertad de ejercer la profesión en otros casos, existe en éstos un claro conflicto de intereses, pues los procesos son «incompatibles».

Este vespertino tuvo acceso a los documentos que constatan la acción de Véliz Guzmán en los procesos por extradición de la familia Lorenzana, requeridos por Estados Unidos por narcotráfico; y en el caso de la defraudación tributaria de Q718 millones por la empresa Alka Wenker.

JURISTA

Los documentos a los que Diario La Hora tuvo acceso se refieren a las actas judiciales en las que se constata que uno de los juristas que fueron nombrados como mandatarios judiciales del Organismo Legislativo se apersonaron como defensores de personas vinculadas con los casos arriba citados.

Según información otorgada por la Unidad de Información Pública del Congreso del 2009, los abogados Hernández Sagastume y Véliz Guzmán fueron contratados en 2008 para «asesorí­a jurí­dica» en el renglón 022 y el puesto de «abogados». El segundo de ellos aparece con dos contratos, el segundo como «Analista jurí­dico en la asesorí­a jurí­dica».

El 28 de febrero de 2008, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal admitió un memorial presentado por Mario Amancio Brol Samayoa, quien es acusado por el MP del caso más grande de defraudación tributaria en la historia del paí­s (LEA FRAUDE), el que detalla: «a partir de la presente fecha la defensa de mi persona con la calidad con que actuara en el presente proceso estará a cargo de los abogados: Leonel Eduardo Véliz Guzmán y Carlos Francisco González Ruano».

El 2 de septiembre de 2009, el Tribunal Quinto de Sentencia, competente en materia de extradiciones, admitió como abogado defensor de Carlos Andrés Alvarenga Mejí­a, alias «el Patudo» (LEA EXTRADICIí“N), a Leonel Eduardo Véliz Guzmán.

Pese a los casos en los que actúa Véliz Guzmán, el 7 de septiembre de 2009, se refiere a un acta en la que José Roberto Alejos Cámbara, diputado presidente del Congreso de la República, «otorga: Mandato Judicial con representación, por tiempo indefinido, a favor de Miguel íngel Hernández Sagastume y Leonel Eduardo Véliz Guzmán para que representen al Congreso ante los tribunales jurisdiccionales de la República en toda clase de procesos…»

FRAUDE

El MP acusa a Mario Brol del caso más grande de defraudación tributaria en la historia de Guatemala: de acuerdo con la acusación, entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de julio de 2004, la empresa Alka Wenker, propiedad de Brol, importó unos 114 millones de galones de combustible que reexportarí­a a paí­ses vecinos, exonerado de pagar tributos, pero éstos eran distribuidos en Guatemala por medio de la red de gasolineras Quetzal.

Con esta operación, Brol evadí­a el pago del Impuesto a la Distribución del Petróleo, así­ como el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta.

Los informes financieros revelan que Alka Wenker es la mayor empresa de defraudación tributaria al Estado, con una evasión de Q359.3 millones, a lo que se suman las multas generadas por la evasión, que corresponden al ciento por ciento de lo evadido y los intereses, lo que hacen un total de Q718 millones.

Pese a tener una orden de detención en su contra, Brol continúa libre debido a una serie de apelaciones que sus abogados interpusieron para detener la orden de aprehensión, además un juzgado de Escuintla levantó los embargos de 4 inmuebles valorados en Q50 millones, propiedades de la empresa Carburantes Centroamericanos S.A. (Carcasa), relacionada con el fraude cometido por la empresa Alka Wenker, no obstante, la Sala Cuarta de Apelaciones revocó esa resolución.

EXTRADICIí“N

En julio de 2009 el MP informó que el Gobierno de Estados Unidos solicitó a través de los canales diplomáticos, la captura y extradición de cuatro miembros de la familia Lorenzana y otras 2 personas más.

Entre los sospechosos reclamados por la Justicia estadounidense, se encuentran cuatro integrantes de una familia acusada de dirigir operaciones de narcotráfico en el oriente del paí­s, identificados como Waldermar Lorenzana Lima y Eliú, Haroldo y Waldermar Lorenzana Cordón.

Hasta ahora, se han realizado unos cinco intentos de la Fuerza Administrativa Antidrogas DEA y el Grupo de Acción Rápida (GAR) para localizar a los miembros de esa familia en la aldea La Reforma, municipio de Huité, Zacapa; no obstante, éstos han fracasado.

En el acta de extradición, a la que Diario La Hora tuvo acceso, se menciona a Carlos Andrés Alvarenga Mejí­a, alias «el Patudo», a quien Véliz Guzmán defiende dentro de este proceso.

SORPRESA

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, se mostró sorprendida ante este tema; «me toma de sorpresa, no sé de qué me está hablando y es difí­cil opinar al respecto, pero le puedo decir que si están bajo el renglón 029 me parece que no hay problema con que presten otros servicios», indicó.

Sin embargo, la legisladora indicó que éste es un tema muy delicado por tratarse de un jurista contratado por una instancia (Congreso) «que tiene que ser reflejo de transparencia. El Congreso no deberí­a contratar a personas así­», dijo.

Montenegro agregó que harí­a una revisión respecto a quién emitió los contratos, si los diputados o el Congreso: «si fue el Congreso, creo que es un tema muy delicado y lo voy a revisar a fondo y a evaluar por parte de la junta directiva para establecer hasta dónde se puede meter al Congreso en este tipo de cosas», enfatizó.

CONFLICTO DE INTERí‰S

Manfredo Marroquí­n, analista de Acción Ciudadana, opinó que el Congreso deberí­a ser más cuidadoso en sus contrataciones y consideró que en ese tema hay «un claro conflicto de intereses porque los casos son incompatibles», indicó.

«Aquí­ más que una ilegalidad estamos ante un claro conflicto de interés abierto que es peor que una ilegalidad porque no se está garantizando la representación del Congreso», opinó Marroquí­n.

El analista entrevistado añadió que «no hay necesidad» que el Legislativo emita ese tipo de contrataciones si puede hacerlo con jurista que se dediquen a la representación exclusiva de ese organismo y litigar en forma transparente, consideró.

Marroquí­n consideró que el Congreso «deberí­a rescindir de inmediato los contratos que presentan este tipo de casos», y que esperarí­a que este tipo de hechos no se den en otros juristas contratados.