El rumbo del país, se quiera admitir o no, va a la deriva en cuanto a la promoción de condiciones de bienestar que puedan encausarse a las mayorías de nuestra población. Desde el ámbito público se han conocido, aprobado e implementado sí, un conjunto de medidas para satisfacer a un solo sector de la sociedad. Al sector económico. En tanto a esas pocas personas se les posibilita y facilita el incremento de sus ganancias, al resto de la población se le ignora y se le deja en abandono.

El abandono continuado tiene ejemplos tristemente notables. Los índices de pobreza extrema en el que está sentenciado un contingente importante (de millones) de guatemaltecos, es un primer y grotesco ejemplo. Los niveles de desnutrición, otro ejemplo, no se refieren a personas que de la noche a la mañana, literalmente están desnutridos. Esos connacionales y sus necesidades han sido ignorados por muchos, muchos años. Pero si no queremos aproximarnos a la dolosa negligencia de quienes nos han gobernado (en contubernio con los perversos dueños del capital) y dejado de lado a la población rural y urbano-marginal. Veamos otra ejemplificación de abandono que se ha traducido en un caos, mismo que ha implicado una danza de millones de quetzales en las que sencillamente la negligencia es el “escudo” detrás del cual se esconde una perversa maraña de corruptela, organización proclive al crimen, asesinatos, extorsiones y otras formas delincuenciales. Me estoy refiriendo a ese montón de unidades que conforman el deplorable, lamentable y obsoleto transporte colectivo.

Sabrá el apreciado lector la cantidad de miles de millones de quetzales que se han embolsado los dueños del sistema que antes se llamó de “cooperativistas” del transporte colectivo. Hoy se llaman “empresarios”. Si alguien podía juntar unos sus miles de quetzales y deseaba entrarle al negocio del transporte colectivo y no estaba dispuesto a retribuir el “permiso” otorgado por los directivos de estas agrupaciones, se exponía a perder su patrimonio, su propia vida o la de sus familiares. En ese contexto no ha habido autoridad alguna que pueda imponer la soberanía de la ley y encausarnos a contar con un transporte colectivo digno, eficiente y ordenado. El caos que usted observa estimable lector, en cuanto al desempeño del transporte colectivo, es el producto de una negligente actitud, cuya indolencia por muchos años, se ha traducido en constituirse en un ámbito en el que el Estado es inoperante.

El último pero pareciera fallido intento es el denominado “Transurbano”. El esfuerzo se empañó con aparentes oscuras negociaciones y según ha trascendido sobrevaloración de las unidades. El resultado paulatinamente se encamina a ser más de lo mismo. Pronto veremos como desaparecen los barrotes de las “paradas seguras” y como las unidades azul-blanco empezarán a recibir y bajar pasaje en donde se les ronque la gana. Como la plata que reciben en calidad de “subsidio” no se traduce en un adecuado mantenimiento y como ha ocurrido en el pasado, serán chatarras circulantes en donde el atropello al usuario es la única manifestación democrática del abuso cometido por quienes se ufanan de ser los propietarios del transporte colectivo.

Tristemente nuestro país se mueve a la deriva, quiérase ver o no. En una inercia maliciosa en la que los saltos, los impulsos que se producen desde el ámbito de lo público solo se dan si detrás de ello hay un poseedor de capital que así verá redituada su “inversión” en la promoción del político que ahora es “nuestro representante” o es el ilustre funcionario que comedidamente diligencia los asuntos públicos en beneficio de unos cuantos, de aquellos que le patrocinaron. Así, el transporte colectivo, su abandono y negligencia, nos pone de manifiesto cuán prostituidas están las actividades que debieran emprenderse para satisfacción de las mayorías. Pero eso parece que es en otro mundo.