El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales imprescriptibles de la mujer y del hombre: estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y sobre todo la resistencia a la opresión.
En 1789 se redacta la Declaración de los Derechos del Hombre y se le coloca el apellido de «Ciudadano», dejando fuera de la misma a las mujeres que lucharon hombro a hombro con ellos.
Por lo que en agosto de 1791, Olimpe de Gouges, se lanza a la defensa de sus derechos y publica un manifiesto titulado La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Que contiene 17 artículos y un epílogo. Y en donde no pide preferencias, sino igualdad, en las condenas, en el pago de impuestos y en derechos. Su atrevimiento de reclamar un trato igualitario de la mujer con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida, públicos y privados: el derecho de voto, de ejercer cargos públicos, de hablar en público sobre asuntos políticos, de igualdad de honores públicos, de derecho a la propiedad privada, de participar en el Ejército y en la educación e, incluso, de igual poder en la familia y en la Iglesia; donde también existía un poder absoluto, esclavitud y negación de la negociación, pretendió ser acallado con el filo de la guillotina que cortó su cabeza, el 3 de octubre de 1793.
Pero su manifiesto ya había sido difundido. Y qué más se podía hacer ante pensamientos como el de Balzac: «Rehusarles la instrucción y la cultura, prohibirles todo lo que pueda desarrollar su individualidad, la mujer casada es una esclava que debe ser puesta en un trono».
Sin embargo las mujeres a lo largo de la historia han demostrado que «las jaulas de oro» no son para ellas, por lo que han luchado por sus derechos de personas y ciudadanas.
En nuestro país la revolución de octubre del 44 que llevó a la presidencia a Juan José Arévalo, sí dejó buenos resultados y en 1945 con ayuda de la primera dama Elisa Molina de Arévalo se aprobó la propuesta para otorgar el derecho de voto a la mujer alfabeta siendo el primer país centroamericano en aprobar el derecho al voto femenino.
Y si los golpes militares que restringieron la participación del sector civil, y de una guerra de más de 30 años, que mermó el desarrollo social también influyeron en su asistencia a las urnas, este es el momento de decir presente, de participar y demostrar que las mujeres podemos tomar decisiones.
De nada sirve ser las primeras, si no continuamos con la lucha. Votar, elegir al próximo presidente de Guatemala, es más que ejercer un derecho, es cumplir con nuestra responsabilidad al tomar una decisión sobre quien consideremos sea el más responsable para con la vida y derechos de las mujeres.