Ha cobrado vigor una ley que pretende sancionar más severamente el robo y la compraventa de celulares robados y ahora es de esperar que la misma no vaya a terminar como las disposiciones que se han tomado para normar el uso de las motocicletas como medio de transporte, es decir, como pura letra muerta que no tiene ningún sentido ni significado por la indolencia de las autoridades.

Tristemente somos un país en donde la vigencia de las normas no significa que sean aplicadas porque las mismas autoridades son las primeras que se hacen de la vista gorda y con eso estimulan a los particulares para que de manera descarada puedan violar la ley sin temor a ninguna consecuencia. Y sinceramente no hay muchas razones para suponer que con la ley contra el robo de celulares va a ser muy diferente, porque hace muchos años que las autoridades saben exactamente el modus operandi de las bandas, los lugares y horarios en que “trabajan” despojando a los automovilistas de tus teléfonos a punta de pistola y, peor aún, los sitios donde esos aparatos son vendidos como si fueran mercadería absolutamente legal. Nadie ha movido un dedo para controlar los lugares que públicamente anuncian el flasheo de celulares para facilitar que puedan ser activados con cualquiera de las empresas de telefonía sin que importe su criminal procedencia.
 Todo eso no ha cambiado y sin que se emprenda con firmeza la acción de perseguir a los delincuentes, la ley será una de las tantas que, empezando por la misma Constitución de la República, están de adorno en los anaqueles de las oficinas de abogados porque no tienen ningún valor práctico debido a la incapacidad del poder público para obligar a su cumplimiento.
 
 Quienes por años luchamos por tener una ley contra el robo de celulares y nos quejamos por la falta de cooperación de empresas que pudieron ayudar a contener ese crimen que ha cobrado cientos de vidas en los últimos tiempos, sabemos que la ley aprobada no es la panacea ni es, remotamente, cercana a lo que se pretendía. Pero algo es algo, dice el dicho, y por lo menos el aumento de las penas para los ladrones de celulares y la obligación de llevar algún tipo de registro es importante.
 
 Hay quienes piensan que se limita y coarta la libertad al exigir que los ciudadanos tengan que registrar sus aparatos para hacer un listado blanco de teléfonos, pero si vemos que muchos de los bienes muebles que poseemos tienen que estar registrados, empezando por los vehículos, no podemos objetar que se requiera una simple inscripción para tratar de contener una actividad criminal que cobra muchas vidas todos los meses.
 
 En todo caso, ahora dependerá la cuestión de la actitud de la Policía, del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, puesto que si no se traduce en efectiva persecución y castigo de los criminales, de nada sirve tener la norma. Es un reto enorme el que tienen en sus manos porque a partir de ahora no podrá decirse que hacen falta instrumentos legales para lograr castigos ejemplares. Los castigos dependen de la calidad de las investigaciones y del compromiso de quienes tienen que aplicar la ley para acabar con esa impunidad causante de tantas muertes. Por la memoria de aquellas personas que murieron a manos de un ladrón de celulares, tenemos que ser exigentes y comprometer a policías, fiscales y jueces para que hagan su parte y nos ayuden a salvar vidas. Tras las primeras capturas y condenas, los delincuentes verán el peso de la ley si la autoridad no hace lo que hacen los PMT, es decir, si no se hacen los babosos.