No me cabe la menor duda que vivimos en un intenso letargo como sociedad, observando todos los días el desastre del país que tenemos y, sin embargo, resignados absolutamente a soportar lo que ocurre como si fuera algo inevitable. Hace muchos años empezamos con un proceso sostenido de construcción del andamiaje de la corrupción y la impunidad, mezcla que ha permitido que de hecho toda la institucionalidad del Estado funcione únicamente con el fin de facilitar el enriquecimiento de unos pocos mientras el resto de la población tiene que contentarse con irla pasando, con subsistir pidiendo a Dios que la violencia que se generaliza por todo nuestro territorio sea piadosa con cada uno de nosotros.

Cada día es más evidente que nuestro Estado está destruido desde sus mismos cimientos y que por lo tanto calificarlo de fallido parece apenas un piropo. No cumple en absoluto ninguno de sus fines esenciales, empezando por la obligación ineludible que tiene de asegurar y garantizar la vida y la seguridad de los habitantes de la República. No digamos su obligación de administrar eficientemente los fondos públicos, aplicar las leyes y emitir las normas que aseguren la pacífica convivencia entre los distintos sectores sociales. Tenemos todo este año prácticamente sin Congreso de la República porque el mismo únicamente tomó una decisión desde enero hasta nuestros días, y la misma fue para estructurar las comisiones legislativas, no porque les preocupara el trabajo de esas salas, sino porque de no hacerlo se perderían las jugosas dietas los diputados y eso no lo podían permitir.
 
 Los ejemplos del fracaso de la institucionalidad del Estado saltan a la vista por todos lados. Si hay una emergencia natural como el terremoto que asoló San Marcos el año pasado, la respuesta de las instituciones es lenta porque el dinero que se destina a la reconstrucción se desvía y termina en los bolsillos de los que dirigen las unidades ejecutoras de las obras. Si se trata de la desnutrición crónica que sufren nuestros niños en altísimo porcentaje, la única expresión de Estado que vemos es la de promover con efectos de propaganda una campaña a favor del Hambre Cero, pero que en la práctica no se ha podido traducir en efectivo aporte a la seguridad alimentaria.
 
 Y así podemos ir desmenuzando una a una todas las funciones públicas para darnos cuenta que lo que funciona aquí es una gigantesca mafia que se distribuyó eficientemente todos los negocios que tienen que ver con las funciones del Estado. Hasta en el campo de la educación se vio que un gigantesco soborno disfrazado de pacto colectivo de condiciones de trabajo sirvió para neutralizar al magisterio, otrora combativo garante de los derechos del maestro y de los alumnos, justamente cuando se discutía lo que han llamado una reforma para modificar la formación de los jóvenes que quieren ser educadores.
 
 Para donde se voltee la vista, algún negocio sale a luz. Mientras el contrabando florece en las distintas aduanas, se endurecen los controles en el aeropuerto para molestar a los viajeros que vienen al país con registros que no detendrán a ningún contrabandista ni aumentarán significativamente los ingresos del fisco, pero sirven para mantener la presencia de la SAT como un ente de control y verificación.
 
 Pero lo peor es cómo funcionan los organismos del Estado, burlándose conjuntamente de la ley y de sus obligaciones, amparados en la certeza de que nuestro pueblo aguanta con todo, que es pasivo y permisivo y que no chista ni siquiera ante los probados actos de corrupción como lo ocurrido en la Portuaria Quetzal.
 
 Por ello es que en esta Semana Santa pido por la resurrección, pero la resurrección de nuestro pueblo para revertir el descalabro.