Contra viento y marea pasó la legalización de la CICIG a pesar de tantos señalamientos que tuvo por inconstitucionalidades y violaciones a nuestra soberanía. Así son las cosas en Guatemala, acostumbrados debiéramos estar de tantas metidas de pata de los gobernantes que a la postre ni siquiera se intentan disculpar, a pesar que los elotes que se comieron inexorablemente los terminamos pagando todos sin derecho a pataleo.
Ya está en nuestro país el tantas veces ponderado jurista español Carlos Castresana Fernández para dirigir la CICIG, quien fuera recibido pomposamente en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional, aprovechando la ocasión para entregar sendos reconocimientos a diversas personas e instituciones, porque según se dice «contribuyeron con el proceso de pacificación», aunque dentro de ellos estuvieran incluidos conocidos guerrilleros, que a mi juicio hicieron más la guerra que la paz en el inútil conflicto armado interno que por tantos años padeció nuestra sociedad.
La única manera eficaz para medir si los actos de un gobierno han sido buenos o malos son los resultados, de ahí, que por el momento no pueda dar opinión concreta sobre las bondades del CICIG, ni del jurista comisionado designado por las Naciones Unidas, sino hasta que comprobemos si «como ronca duerme». Es decir, si es cierto que su lucha contra la corrupción y la impunidad tendrá resultados que indistintamente todos esperamos como «agua de mayo». Porque de discursos, eslogan y politiquerías estamos hasta el copete, sin que ni una cosa ni otra se vea claro en la mentada e «infatigable lucha» que no hay gobierno que no haya asegurado haber emprendido.
Ya que la CICIG tendrá libertad para elegir casos, sería bueno que empezara su gestión en Guatemala con hechos recientes del gobierno de la Gana, que dejó en la población pésima impresión, por ejemplo, ¿por qué no investigar como Dios manda cómo fue que sus diputados viajaron a París con una invitación que resultó falsa y, sin embargo, con el santo y seña de la Corte Suprema salieron exculpados permitiéndose hasta que algunos fueran reelectos?. ¿No es de esperarse que la CICIG proyectara hacia el futuro su combate a la impunidad, evitando que los reelectos alcaldes culpables de señalamientos por mal manejo de fondos públicos pudieran tomar posesión de su cargo?
Es cierto, suena bonito y lisonjero hablar de acabar con «los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos», como del tantas veces mencionado «esclarecimiento histórico», pero, ¿no sería mejor combinar hechos recientes y anteriores a manera de ir sentando precedentes para contener cuanto antes la corrupción e impunidad en Guatemala? Bien dijo Severo Catalina: «La ilusión no es ni más ni menos que una agradable aberración de la esperanza».