Con más de diez interpelaciones en fila y los diputados más interesados en los juegos de la Eurocopa que en los asuntos de Estado, tenemos que preguntarnos a ver cuándo se podrán conocer los proyectos importantes que pueden significar cambios para el país. Y no hablamos de las reformas constitucionales porque esas están aún verdes, sino de los proyectos que tienen que ver con la transparencia que, a nuestro juicio, tienen más importancia y deben ser prioritarios porque el talón de Aquiles de nuestra institucionalidad está en la generalizada podredumbre que hay en todos los negocios públicos.

Reducir de 158 a 140 el número de diputados no es tan importante como regular el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. Es mucho más importante tipificar los delitos en que incurren funcionarios y particulares cuando hacen los trinquetes que sangran al erario, que esa pírrica reducción que, de todos modos, no ataca el fondo del problema porque con muchos o pocos, lo que tendremos será exactamente igual toda vez que la reforma política no es parte de las prioridades para este gobierno.
 
 Podemos tener una maravilla de Constitución, y de hecho creemos que la actual tiene muchas normas que pueden considerarse así, pero de nada sirve si persiste esa tendencia a no respetar ni una sola de las leyes, empezando por la misma Ley Fundamental de la República. En Guatemala no tenemos cultura de sometimiento al imperio de la ley y en consecuencia las reformas y las modificaciones son en buena medida estériles, porque lo único que estamos haciendo es crear nuevos nichos de violación de la ley.
 
 En todo caso, hoy por hoy tenemos en el Congreso de la República el mejor ejemplo de cuán mal anda el sistema, de lo que significa el secuestro de la institucionalidad por los podres ocultos que ahora se han desplazado marcadamente hacia los financistas de campaña, esos que poniendo el dinero para la propaganda, se adueñan de la voluntad de las autoridades para que se pongan a su servicio único y exclusivo.
 
 El ejemplo de lo que ha ocurrido con la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito es algo que debe servir para que Pérez Molina ponga su barba en remojo. La ley se ha entrampado en el Congreso y si se aprobara, seguramente que sería sin el tráfico de influencias porque ese les interesa mucho a distintos sectores que se han beneficiado, administrativa y judicialmente, de la forma en que pueden aprovechar su poder para generar influencias perniciosas que, por supuesto, no quieren perder. Y si eso pasa con una ley ordinaria, la vilipendiada Constitución se debe preparar para el manoseo más grande de su historia.

Minutero:
Cambiar la constitución
 se ha vuelto la obsesión;
 hablar de su cumplimiento,
 ni por puro entretenimiento