Tres años han transcurrido desde que se detonó la bomba incendiaria que dejó nueve muertos en un bus de las Rutas Quetzal, presuntamente por orden del pandillero Gustavo Adolfo Pirir García.

El Ministerio Público argumenta que la defensa del sindicado y sus cómplices retrasó el proceso durante tres años, y las amenazas afectaron los avances, pero el juicio empezó esta semana y los esfuerzos se enfocan a exigir las penas máximas; en tanto, los deudos dicen que solo alcanzarán a vivir en  paz cuando se haga justicia.

Alicia Zacarías Pérez, los hermanos Nury Paola, Gerson Daniel y Jorge Enrique de apellidos Cac Zacarías, así como Gladys Ordóñez Corado, Ambrosio Vásquez Xiquín, Dora Aracely Franco, Rigoberto Emilio García y Lázaro Donis fueron las víctimas mortales del atentado del 3 de enero de 2011, cuando en un hecho planificado desde la cárcel detonó una bomba incendiaria que hizo arder en llamas la unidad de transporte que trasladaba a los pasajeros, que padecieron dolor al morir carbonizados, mientras los sobrevivientes se asfixiaban con el humo que emanaba, en medio de la angustia.

De acuerdo con las declaraciones de algunos deudos –que en ocasiones prefieren no ser citados por temor a la clica Little Psycho Criminal del Barrio 18, que intenta ejercer presión– este caso abre heridas y causa dolor constantemente debido a que no olvidan cómo murieron sus parientes –carbonizados–, mientras las complicaciones en la causa penal han hecho que no se castigue a los responsables.

Patricio Plata, miembro de la Policía Nacional Civil (PNC), explica que su familia “alcanzará la paz hasta cuando se haga justicia” por la muerte de su esposa Gladys Ordóñez.

“Lo mínimo que se puede hacer en este caso es aplicar la justicia. Es lo único que nos devolverá la tranquilidad, la paz.  Yo estoy consternado con todo esto y me siento triste, porque mis hijos –cinco niños–, me preguntan, llorando, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hacer justicia?”, indica Plata.

El deudo dice que la aplicación de justicia contra los sindicados no le devolverá a su cónyuge, pero al menos le dará fortaleza para intentar recobrar la tranquilidad. “Yo estoy esperando la voluntad de Dios. No pido ni más ni menos. Pido lo que es justo, lo que tienen que pagar por lo que hicieron.  Créame, esto es algo muy doloroso que no le deseo a nadie”, reitera.

Según se sabe, la célula criminal que opera en el municipio de Mixco ha intentado por diversos medios intimidar a los familiares de las personas muertas, a los fiscales del MP y en su momento a investigadores policiales, sin embargo muchos de los involucrados y testigos dicen que no desistirán de buscar la justicia.

FUNCIONÓ ESTRATEGIA

Antonio Castañeda, el profesional encargado de enfrentar el proceso a través de la Agencia 7 de la Fiscalía Contra la Corrupción, a la que pertenece actualmente –anteriormente estaba designado en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y por ello continuó con el caso– explica que la causa penal se ha extendido por tres años debido a las estrategias planteadas por la defensa de los sindicados; no obstante, los esfuerzos del Ministerio Público se enfocan a aplicar las penas máximas.

“Creo que el estancamiento –del caso– termina con el inicio del debate. Una de las razones de la demora que ha ocurrido en el proceso ha sido por las estrategias de la defensa queriendo retrasar el proceso para evitar que se dieran unas declaraciones en anticipo de prueba de tres personas, de las cuales lamentablemente esos atrasos funcionaron porque dos –testigos, exintegrantes de la pandilla 18– desistieron y una logramos que declarara”, explicó el entrevistado.

Según el fiscal, la defensa del grupo delictivo logró frenar los trámites judiciales mediante amparos, recursos de reposición y suspensión de audiencias, que finalmente fueron efectivos para sus intereses.

Por otro lado, Castañeda explica que el Ministerio Público está preparado para enfrentar el proceso, ya que cuenta con más de 300 medios de pruebas documentales, periciales, materiales y testimoniales, con los cuales considera tener los argumentos necesarios para obtener una condena en contra de los responsables del atentado.

“La pena que se va a solicitar para los sindicados es de 685 años aproximadamente, dependerá de la cantidad de delitos por los cuales se haya presentado la acusación, en cuanto a la participación en el delito”, indicó.

El profesional concluyó en que las amenazas han persistido en el caso, al igual que en otros donde están involucrados miembros de las pandillas. “Trabajar para la institución y llevar casos que tengan relación a persecución de pandilleros es el riesgo que se corre y obviamente se sufren ese tipo de amenazas”, se limitó a decir.

 Los sindicados por el atentado son Gustavo Adolfo Pirir García, Eulogio Onelio Orozco, Carlos Humberto Rodríguez López, Danilo Pérez Rodríguez, Doménica Isabel Carrera Hernández y Elizabeth de la Cruz, todos acusados de ocho delitos.

Estimaciones del MP indican que próximamente podría conocerse el resultado de las sentencias que emita el juzgado.

RETRAUMATIZACIÓN

Marco Antonio Garavito, director de la organización Liga de Higiene Mental, explica que las secuelas de los deudos de las víctimas constituyen un segundo proceso de traumatización, debido al doloroso recuerdo que guardan en sus memorias y a la lentitud del sistema para aplicar justicia.

“El hecho de que la justicia no camine, acompañada de hechos de impunidad porque no es sólo lo engorroso del proceso administrativo judicial, sino por el concepto de los juicios maliciosos que entrampan los casos en largo tiempo, en este caso que fue tan trágico y evidente no es posible que lleve tres años.  Aquí se da un segundo proceso de traumatización en las víctimas, porque una manera mínima de compensar el trauma vivido es ver que los hechores reciben un proceso de castigo a través de la justicia”, refiere.

Según el psicólogo, los acontecimientos generan que las personas sigan sufriendo sin cerrar el capítulo “trágico”, lo cual les dificulta avanzar en la vida cotidiana.

El caso de las Rutas Quetzal estremeció a la sociedad guatemalteca y cambió la vida de varias familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos.  El atentado que hasta hoy provoca secuelas traumáticas y que segó la vida de 9 ciudadanos guatemaltecos fue coordinado por un hombre que mutó drásticamente.

DE SARGENTO A PANDILLERO

Nadie quiere hablar abiertamente de Gustavo Adolfo Pirir García, hoy conocido como el “Hammer”; personas que pertenecieron a su entorno familiar dicen que “quieren olvidarlo”, porque su nombre evoca temor.

Sin embargo, una persona que perteneció a su entorno y que pide no ser citada, dice que Pirir García era un hombre “decente” y con estudios de diversificado.

La información es real, se consigna en el perfil criminal elaborado por las autoridades.  La información dice que el “Hammer” creció en la zona 6 de Mixco, estudió hasta alcanzar un bachillerato en Ciencias y Letras y posteriormente se convirtió en un miembro del Ejército de Guatemala.

Cuando La Hora publicó el 6 de enero de 2011, que Pirir García prestó servicio militar, representantes del Ministerio de la Defensa justificaron que posiblemente se trataba de un homónimo, sin embargo, esta persona continúa registrada en los archivos castrenses.

Ismael Cifuentes, portavoz del Ejército, indicó que cuando el hoy conocido como el “Hammer” terminó su tiempo de servicio, se rompieron los vínculos con la institución y desconocen a qué se dedicó después.

“No hay una supervisión de parte del Ejército cuando el soldado cumple su tiempo de servicio.  Él –Pirir García– tenía conocimientos de cooperación integral, ayudar a la población en caso de desastres, participar en programas de apoyo a las comunidades, proyectos que a veces las autoridades civiles solicitan al Ejército, es decir estaba preparado para ayudar en su comunidad al cumplir su tiempo de servicio”, reiteró.

Según se indica, Pirir García ingresó al Ejército el 1 de junio de 1999 y se retiró el 30 de diciembre de 2002, al cumplir con el tiempo de servicio.

La primera vez que fue detenido, según los archivos policiales, fue el 19 de mayo de 2006, sindicado por el delito de portación de armas de fuego defensivas y/o deportivas.  Después se convirtió en una persona reincidente.

¿Qué sucedió con el sargento Pirir García? ¿Por qué mutó de ser fuerza castrense a pandillero? ¿Qué lo motivó a ese cambio?

El director de la Liga de Higiene Mental opina que está comprobado que la formación militar cambia a algunas personas e incide en sus conductas, pues no son las mismas de cuando salen de sus comunidades de origen.

“Hay bastantes ejemplos de cómo muchas personas que van a prestar el servicio militar, una vez cumplan sus dos años de servicio, regresan con una mentalidad absolutamente cambiada a sus comunidades, está comprobado que la estructura e instrucción ideológica y mental dentro del Ejército es contraproducente en términos de desarrollo humano porque generalmente crea toda una concepción de superioridad, de poderío; nos ha tocado ver en comunidades –en el interior del país– que estas personas al regresar se sienten diferentes y superiores”, explica.

Garavito concluye que a partir de ese cambio de conducta y de la recepción de cierta información, algunas personas podrían involucrarse en actividades ilícitas, como ha sucedido con algunos exkaibiles que no tienen oportunidades laborales para incorporarse a la actividad productiva y optan por vincularse con los grupos del crimen organizado.