El domingo se cumplirán tres años de los atentados de 2004 en Madrid, la peor matanza del terrorismo islamista en Europa (192 muertos), en pleno macrojuicio contra 29 acusados, en su mayoría de origen árabe, en un crispado clima político alentado por la derecha española.
«Los errores del pasado no se sanan ante los ciudadanos intentando trasladar errores graves a quien gobierna en este momento», sostuvo esta semana el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en una réplica al opositor Partido Popular (PP, derecha) en el Senado.
La tragedia que la mañana del 11 de marzo de 2004 sacudió a España al estallar diez bombas en cuatro trenes suburbanos que iban a la estación madrileña de Atocha, que la fiscalía atribuyó a una represalia a la presencia de tropas españolas en Irak -enviadas en 2003 por el gobierno conservador de José María Aznar- provocó consecuencias humanas irreparables pero también políticas.
«Ustedes perdieron las elecciones del 14 de marzo (…) por cometer graves errores: la guerra de Irak (…) y no decir a los ciudadanos lo que estaba sucediendo», sostuvo Zapatero ante los senadores.
En las 72 horas que siguieron al 11-M, mientras las televisiones mostraban imágenes dantescas de los vagones reventados y fuera de España se repetía el nombre de Al Qaida, el gobierno de Aznar insistía en que la «pista privilegiada» apuntaba hacia la organización separatista armada vasca ETA.
Sin embargo, tres años después, en el banquillo de los acusados del juicio que comenzó el 15 de febrero pasado en un pabellón especial de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, se sentaron 15 marroquíes, nueve españoles -involucrados en el robo y suministro de 150 kilos de explosivos Goma 2 Eco-, dos sirios, un egipcio, un argelino y un libanés.
La fiscalía atribuye los ataques a una célula inspirada en la red terrorista Al Qaida a la que está vinculado el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), movimiento de ideología salafista.
Perfiles genéticos, huellas dactilares, grabaciones y videos reivindicativos, material informático, y el aporte de más de 600 testimonios (policías, peritos, expertos y testigos), que contienen las más de 93 mil páginas del sumario, se toparon con las respuestas negativas de los procesados.
«No» y «nunca» fueron las palabras más escuchadas en las primeras audiencias del juicio de boca de los acusados, contra quienes la fiscalía pide penas que van de los tres a los 38 mil 679 años de cárcel. La mayoría de los acusados -entre éstos dos confidentes de la policía y la guardia civil- se conocieron en una mezquita de Madrid, eran parientes o frecuentaban el barrio de Lavapiés.
Su contacto con los españoles que presuntamente les proporcionaron los explosivos, surgió a partir del tráfico de hachís.
Sentados frente al implacable juez Javier García Bermúdez, en árabe o en español, todos condenaron «el salvaje» atentado, que los interrogatorios alejan de la «teoría de la conspiración» que impulsa la derecha, agitando el fantasma de ETA.
El rechazo del PP al fallido proceso de paz con ETA alentado por Zapatero, y la reciente prisión atenuada concedida a un preso etarra en huelga de hambre que cumplió su pena por 25 asesinatos en los años 80- envenenó un poco más el clima de permanente disputa política.
A tres meses de unas decisivas elecciones municipales, prueba de fuego para Zapatero si aspira a un segundo mandado en 2008, el PP convocó a una marcha para mañana bajo el lema «España por la libertad. No más cesiones a ETA».
ETA y el 11-M se mezclan en lo que parece una deliberada confusión.
«Zapatero traidor» o «España cristiana, nunca musulmana» decían algunas pancartas que recibieron al jefe del gobierno en Murcia (sureste) días atrás.
Símbolo del encono o broma de mal gusto, el miércoles, una fuente madrileña donde en 1985 estalló un coche bomba de ETA que dejó un muerto y 16 heridos, apareció con el agua teñida de rojo.