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Eran las 20:00 horas, 4 de octubre de 2009, cuando *Eduardo (nombre ficticio), un joven de 25 años de edad, regresaba a su casa del trabajo a bordo de un bus urbano de la ruta 77, que comunica Tierra Nueva I y Colinas de Minerva, Chinautla, con la Ciudad Capital.

Eduardo no imaginó que ese día su vida sería marcada por un hecho de violencia pues, como él mismo relata, dos hombres se subieron a la unidad de transporte para despojar de sus pertenencias a los pasajeros a punta de pistola.

El piloto se opuso y esto provocó que uno de los delincuentes disparara contra un pasajero, mientras una bala perdida impactó en Eduardo, provocándole un estado de ceguera casi al instante.

“Me tocó vivir lo que se sufre en los autobuses urbanos. Una bala me impactó y me pasó atravesando el tabique de la nariz y parte del ojo izquierdo. Todo pasó rápido y la pérdida de la visión fue instantánea”, expresa.

Eduardo fue ingresado esa noche a la emergencia del Hospital Roosevelt, zona 11. Luego de una serie de exámenes, el parte médico fue perforación del nervio óptico del ojo izquierdo, daño en los lóbulos del mismo ojo y pérdida de la visión total en el ojo izquierdo.

Desde entonces, el afectado cuenta que siente temor al salir de su casa, por los obstáculos físicos del entorno al movilizarse, aunque indica que el principal reto que afronta es la falta de conciencia de las personas que interpretan la ceguera no como una condición, sino como un impedimento en el ámbito social, laboral y educativo.

No obstante, comparte que aprendió a manejar los prejuicios y trata de llevar una vida “normal”, pero admite que en un inicio el perder la visión le afectó en el plano psicológico, hasta el punto de pensar en suicidarse en dos ocasiones no consecutivas.

“Me afectó porque era un cambio en mi vida para el que no estaba preparado y que dejó un gran pesar e insatisfacción. Antes estaba en una posición bastante cómoda porque tenía un trabajo y no me preocupaba por seguir estudiando. Creo que la discapacidad abrió mi visión en cuanto a mi desarrollo personal”, dijo.

SECUELAS DE DISCAPACIDAD

Anualmente en Guatemala mueren en promedio unas 6 mil personas, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

No se sabe cuántas personas sobreviven a la violencia, pero una buena cantidad sufre las consecuencias de las lesiones por arma de fuego, de las cuales, muchas quedan en deficiencias físicas, mentales o sensoriales.

Estimaciones del Consejo Nacional para la Atención de las personas con Discapacidad (Conadi) refieren que un promedio de 70 guatemaltecos quedan discapacitados por la violencia en Guatemala cada semana.

Según el Conadi, los jóvenes son la población más afectada, pues la mayoría de afectados por lesiones de bala son hombres y mujeres entre 18 y 36 años, principalmente en las extremidades inferiores. La institución indica que actualmente hay más de un millón de habitantes con secuelas de ese tipo.

Al director de dicha instancia, Sebastián Toledo, le preocupa que por hechos delincuenciales cada vez los hospitales nacionales estén siendo rebasados en su capacidad, reflejo de los escasos resultados del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, en el combate a la delincuencia.

En promedio, cada día ingresan a los hospitales de referencia nueve personas baleadas, según los registros. Asimismo, proyectan que por cada caso el Estado gasta durante las primeras dos semanas unos Q30 mil, principalmente en terapias psicoterapéuticas.

Para el paciente, el costo se incrementa, pues también se deben atender las secuelas indirectas de las lesiones, como úlceras, padecimientos crónicos, infecciones, dificultad para movilizarse y procesos de rehabilitación.

A criterio de Toledo, las familias también se ven afectadas económicamente, pues además de no poder trabajar, el paciente necesita medicamentos y sufragar gastos usuales de alimentación, transporte, servicios básicos, entre otros.

Toledo agrega: “Se debe colocar en la agenda nacional el tema de la discapacidad como una cuestión estratégica, con inversiones específicas y programas de inclusión en servicios básicos como salud, educación y trabajo. Si se aplica esto, estaremos respetando los convenios internacionales y adoptando propuestas como una demanda propia del Estado”.

PDH: “EN TOTAL ABANDONO”

La entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés) y su protocolo, el 3 de mayo de 2008, marcó un hito en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

En ese contexto, se reconoce que la discapacidad no está en la persona, sino en la sociedad que la discapacita, “por lo que es importante dejar a un lado el modelo social que perjudica al respeto e inclusión de una persona que posee una deficiencia física, sensorial o mental”, expresa Ana Ruth Mérida, defensora de las Personas con Discapacidad, de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Según la entrevistada, esta situación provoca un total abandono y coloca en condiciones de mayor vulnerabilidad a las personas con discapacidad, siendo más propensas a hechos de violencia, abuso y explotación por otros grupos.

Al respecto, la Magistratura de Conciencia recibió en 2013, 90 denuncias; 25 por maltrato, 18 son por discriminación y 16 por falta de acceso a la seguridad social.

Por otro lado, la falta de información y servicios en general, impide que las víctimas tengan acceso a las instituciones operadoras de justicia, como el Ministerio Público o el Organismo Judicial, situación que ha provocado un incremento en las estadísticas de denuncias de personas que sufren alguna discapacidad.

“El país no está preparado para darle una vida digna a una persona que adquiere una condición de discapacidad. El Estado no está creando condiciones de igualdad y respeto a las diferencias y a la diversidad humana. Las autoridades deben implementar programas con mayor alcance y eficiencia para prevenir hechos de violencia”, expone Mérida.

La funcionaria indica que la sociedad debe tomar en cuenta que las personas con discapacidad ostentan los mismos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Sin embargo, denunció que esta población ha sido invisibilizada por mucho tiempo, no solo por autoridades de Gobierno sino también por una sociedad apática, indiferente y llena de prejuicios.

Además, subraya que las normas legales de defensa y protección de las personas con discapacidad no son las únicas herramientas para su integración, sino que falta incluirlas como políticas de Estado, estableciendo medidas prácticas y arquitectónicas para su desplazamiento, el acceso a edificios públicos, transporte urbano, educación, centros de salud y a la recreación.

EXIGEN RATIFICAR TRATADO

Registros del Instituto para la Enseñanza y el Desarrollo Sostenible (Iepades), refieren que cuatro mil 258 personas sobrevivieron a heridas por arma de fuego en 2013, en ataques directos o por balas perdidas, con lo cual se convirtieron en víctimas de la violencia, que en los casos más graves sufrieron secuelas como discapacidades auditivas, visuales y de movilidad.

Es por ello que durante años distintas organizaciones demandaron la prohibición y control de las armas de fuego, pero no fue sino hasta el año pasado que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Tratado Internacional Sobre el Comercio de Armas de Fuego y Municiones, siendo Guatemala uno de los primeros países en firmarlo.

En ese contexto, la organización No Más Disparos al Aire, solicita la ratificación del Tratado por el Congreso de la República, pues a través de este, se pretende controlar el uso de las armas de fuego, crear un registro único de personas lesionadas por las balas y obligar a las empresas que se dedican al comercio de armas, a que destinen un porcentaje de sus ganancias para la atención y rehabilitación de las víctimas.

“Una bala perdida ha cambiado dramáticamente la vida de infinidad de familias guatemaltecas. Además de ocasionar discapacidad, por la violencia se pierden trabajos o la oportunidad de seguir estudiando. Sin hablar que se afecta al núcleo familiar que depende de una persona económicamente”, explica Óscar Sacahuí, de la entidad en mención.

El entrevistado indica, además, que el 63% de las causas de la discapacidad podrían evitarse con acciones preventivas, desde la perspectiva médica y a través de acciones que mejoren la convivencia y seguridad ciudadana.

Asimismo, revela que el 78% de las personas con discapacidad no recibe atención médica especializada, siendo las causas principales la falta de dinero, negligencia de personal, el desconocimiento de la existencia de los servicios o inexistencia de éstos en una localidad, y la falta de motivación personal o de apoyo de la familia.

Óscar Sacahuí lamenta también que haya más personas con discapacidad apelando a la caridad pública, en concurridas calles de cascos urbanos del país y que la condición aún esté estigmatizada en la sociedad, pues se niegan oportunidades de trabajo porque no se considera capaz a una persona o porque no reúne cualidades estéticas de la empresa.

“Los servicios especializados son escasos y centralizados, con mayor presencia en la Ciudad de Guatemala. Para una persona con discapacidad y su familia, el poder ser atendida en un servicio de habilitación o de cualquier otra índole, representa contar con los recursos económicos suficientes para trasladarse de un lugar hasta la institución que brinda el servicio”.

DEFENSA CON PERFIL BAJO

En ese sentido, el Colectivo Vida Independiente de Guatemala, organización de personas con discapacidad, critica que la falta de accesibilidad al transporte público ha sido una constante para las personas con discapacidad y movilidad reducida; problema relacionado también a la falta de vías peatonales seguras; educación vial y de respeto al peatón por parte de los automovilistas.

De igual forma, la violencia e inseguridad en las calles y en las unidades del transporte público y la inexistencia de espacios físicos y públicos para ejercer el derecho al libre desplazamiento por barreras arquitectónicas, de actitud y de información.

Para resolver esta problemática, las autoridades municipales y gubernamentales han implementado el sistema de transporte Transmetro y el denominado Transurbano, aunque un análisis de la institución apunta que ninguno de los dos sistemas cumple con todos los requerimientos para facilitar la movilidad personal, con la mayor independencia posible, de las personas con discapacidad.

Por otro lado, reprochan que el Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad, tenga actualmente un perfil bajo, en la observancia y exigencia del cumplimiento de los derechos para este sector de la población.

A decir del Colectivo, el Conadi no ha generado procesos de incidencia para el cumplimiento del marco legal en este tema y destacan que hasta la fecha, los resultados concretos son mínimos y se sigue evidenciando que las autoridades responsables de normar este servicio público aún no han adoptado una actitud diferente que permita alcanzar una solución definitiva para este problema.

Finalmente, para el Colectivo es necesario el impulso de nuevas acciones y propuestas, así como motivar y fortalecer la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, para que el Estado adquiera conciencia de que estas personas también forman parte del desarrollo del país y que para llevar una vida digna, precisan de las adaptaciones a los edificios, plazas, calles, avenidas y demás espacios públicos así como al transporte colectivo.