Casi un mes después del golpe de Estado, las aguas están lejos de calmarse en Honduras, donde los responsables del derrocamiento del depuesto Manuel Zelaya siguen, contra viento y marea, aferrados a su interpretación de la democracia y la Constitución.
Sordas a la presión política y financiera internacional y a riesgo de quedar aislados, las autoridades de facto encabezadas por Roberto Micheletti han rechazado la solución negociada propuesta por el mediador de la crisis, el presidente costarricense í“scar Arias.
Dicha solución, pasa por la restitución de Zelaya, como lo pide con una sola voz la comunidad internacional.
En un país con el triste récord de 125 golpes de Estado en sus primeros 150 años de independencia, las nuevas autoridades se han empeñado en convertir lo que la comunidad internacional ha tildado sin rodeos de golpe de Estado, en un mero problema legal, asegurando que se trata de una «sucesión constitucional».
La cúpula militar, el poder judicial, el Congreso, los grupos económicos, la Iglesia católica, buena parte de los medios de comunicación han cerrado filas en torno a Micheletti, mientras que Zelaya recaba sobre todo sus apoyos en los movimientos sociales y los sindicatos.
Sarah Ganter, en un análisis realizado para la Fundación alemana Friedrich Ebert, cree que el golpe fue impulsado por «una alianza de intereses de las fuerzas políticas, económicas, instituciones públicas y medios de comunicación» que condenaron entre el giro a la izquierda de Zelaya, quien llegó al poder en 2006 como líder del conservador Partido Liberal.
En estos tres años y medio en el gobierno, Zelaya, un acaudalado empresario del sector maderero y ganadero, no sólo ha llevado a Honduras a adherirse a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y ha estrechado lazos con su creador, el presidente venezolano Hugo Chávez, sino que se ha enfrentado a los grupos económicos del país con una serie de medidas.
Una de ellas, fue la subida en un 40% del salario mínimo a 250 dólares en vísperas de la última Navidad en medio de la crisis, lo que a la postre, provocó miles de despidos.
Pero la gota que colmó la paciencia fue su proyecto de convocar una consulta popular, con el fin último de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, -lo que expresamente prohíbe la Carta Magna- pese a que había sido declarada ilegal por la justicia.
El candidato presidencial del Partido Nacional, Porfirio Lobo, considera que lo que ha pasado en Honduras fue «una confrontación permanente dentro de la cúpula gobernante» perteneciente al Partido Liberal (PL).
Tanto Micheletti como Zelaya pertenecen al partido Liberal, que junto al partido Nacional se han alternado en el poder en Honduras.
Sin embargo, casi todos los diputados del Congreso unicameral apoyaron el 28 de junio la elección de Roberto Micheletti, quien fungía como presidente de esa institución, como nuevo mandatario de Honduras, horas después de que los militares sacaran en pijama a Zelaya de su casa y lo mandaran en avión militar a Costa Rica.
De 128 congresistas, 62 de ellos del Partido Liberal, sólo una quincena se negaron a apoyar al golpe y una decena se han «movido activamente» en contra del mismo, aseguró el asesor de Zelaya, Alán Fajardo.
Micheletti, un viejo zorro de la política hondureña en la que ha curtido sus armas y ha sellado alianzas durante cerca de 30 años, ha controlado desde la atalaya del Congreso el nombramiento de los responsables del poder judicial y otras instituciones, granjeándose muchas lealtades.
Ahora, la comunidad lo acosa para que ceda el sillón presidencial a quien considera su verdadero dueño hasta el término de esta legislatura, el 27 de enero del próximo año.
Tras el fracaso diplomático, Zelaya dirige sus pasos desde Nicaragua hacia Honduras en un segundo intento de regresar a su país.