Declaraciones recientes del abogado Leandro Despouy respecto a que la ausencia de justicia y la pobreza son dos de las áreas de los derechos humanos que más aquejan a los pueblos de América Latina, sobre todo por sus consecuencias en la vida institucional, al debilitar aún más al precario sistema democrático, me condujeron a relacionar esos enunciados con el actual proceso que se desarrolla en Guatemala para la elección de magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia.
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Este jurista argentino que ha visitado nuestro país en su calidad de Relator de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Magistrados, aseveró que los desajustes en el funcionamiento de la justicia entrañan impunidad en doble sentido. Por un lado, la impunidad para los delitos cometidos por el Estado, que se propagan en acciones de corrupción y en prácticas de clientelismo de los gobiernos; y, por el otro, la impunidad que favorece el crecimiento de nuevas amenazas, como el crimen organizado, lo que deriva en un margen aún mayor de violencia paraestatal y la vulnerabilidad del Estado para defenderse y para proteger a la población, provocando el resquebrajamiento y la pérdida de credibilidad en la administración de justicia.
Cuando ambos fenómenos acontecen las sociedades tienden a inclinarse hacia el clientelismo o la consagración del modelo del juez obediente, cuyo nocivo sistema funciona como un mecanismo de elección de jueces dóciles que responden al poder político, en vez de guiarse por criterios objetivos o del establecimiento de responsabilidades claramente delimitadas.
La segunda flaqueza de los derechos humanos en América Latina lo constituyen la miseria y la pobreza por su efecto de exclusión -enfatizó Despouy en la entrevista que le concedió a Gustavo Capdevila, de la agencia IPS-, que se registra especialmente en Centroamérica, donde abundan la marginación, los niños de la calle y las pandillas juveniles.
El Estado no protege ni interviene, mientras que ese problema social adquiere un altísimo nivel de criminalidad, para el cual la justicia no tiene ninguna posibilidad de iniciar en forma eficaz y eficiente, de suerte que se registra una especie de círculo infernal de marginación, miseria, reproducción de la criminalidad, un Estado vulnerable y el contagio con formas más graves de delito, como el crimen organizado y el narcotráfico, que penetran en casi todos los estratos de la sociedad.
(El abogado Romualdo Tishudo lee el documento que un cliente le entrega y a quien le reclama: -¡Usted debería haber venido antes! -Tiene razón, pero antes fui a consultar a un gí¼izache. -¿Y qué estupidez le dijo ese leguleyo? -Que viniera a consultarlo a usted).