Como es bien sabido en la esfera pública, la tricentenaria San Carlos ha recibido un legado que obliga a una tremenda responsabilidad social, en virtud de que tiene designados y representantes en una variada gama de ambientes públicos vitales para el fortalecimiento de la democracia.
El caso de la Junta Monetaria es uno de ellos, en donde dicho sea de paso, los tecnócratas criollos e internacionales ven con sobresalto, y como una dosis de folclorismo, el hecho de que un académico ose sentarse en pináculo perfumado y reservado para la élite bancaria.
Muchas cosas podrían escribirse alrededor de si es conveniente o no que un designado de la Universidad de San Carlos comparta las altas decisiones en el olimpo del dinero guatemalteco; sin embargo, como ello es parte del entramado constitucional, resulta ser entonces que el pragmatismo es lo que cuenta, y lo más conveniente es que se trate de los más destacados exponentes de los asuntos que allí se tratan.
El Consejo Superior Universitario debiera enviar por lo tanto a los académicos independientes capaces de entender la dinámica de la Economía Monetaria, y es que ésta ha pasado a ser una de las disciplinas más importantes a partir del advenimiento de las crisis financieras, que en América Latina empezaron con fuerza en 1994.
Cualquier designado que no sea capaz de entender el discurso y la técnica que se maneja en ese recinto, y que implica un amplio conocimiento matemático estadístico de hechos y eventos, y conocimiento avanzado de la macroeconomía y microeconomía, disciplinas éstas que dicho sea de paso se encuentran en tremenda crisis existencial desde el 2008.
Lamentablemente las ciencias económicas han venido perdiendo peso, al punto que ya no vemos dentro del Consejo Superior Universitario aquellos exponentes de antaño, doctos en analizar los entuertos de la inflación y el empleo, tal es el caso de recordados maestros como Marco Antonio Ramírez, Rafael Piedrasanta o Bernardo Lemus Mendoza quienes eran fuente de respeto, como Mijangos López lo era en el ambiente de las leyes.
En la Junta Monetaria y en el seno del Banco de Guatemala hay una actitud avestruciana en torno a un problema que se ha vuelto crónico: y es que el volumen anual de las pérdidas operativas es tal que incluso supera el financiamiento total que se le otorga a la tricentenaria.
Es vital evaluar el porqué se están sucediendo, año con año, tales pérdidas, y es vital hacerlo porque es un asunto que afecta el bolsillo de los contribuyentes, y en un ambiente democrático y transparente, la ciudadanía debe saber cómo se manejan los dineros, y entender las dinámicas que parecieran ser tan sólo un asunto de unos pocos tecnócratas y banqueros, que se tapan con la misma chamarra. Esa debiera ser una de las misiones más dignas de un designado independiente, en un ambiente con tantos compromisos hacia grupos de presión.
Guatemala enfrenta innumerables retos económicos y monetarios: las crisis financieras están a la vuelta de la esquina, la inflación para los pobres es mayor a un 10 por ciento anual, pese a que el discurso oficial lo reniega, y qué decir de los informales, el escaso empleo y la diáspora que alimenta las divisas del país. Ojalá el Rector Magnífico reflexionara sobre ello.