Es evidente que el sector empresarial de Guatemala regresa a tener puestos clave en el nuevo gobierno del presidente electo Otto Pérez Molina. Los nombramientos de varios de los nuevos miembros del Gabinete de gobierno han sido claramente designados por el sector privado organizado y no organizado del país. La verdad de las cosas es que por un lado me alegro, porque evidentemente las cosas caminan un poco mejor con funcionarios puestos por la derecha empresarial que con los muchos designados de la izquierda revolucionaria.
Tiende a funcionar mejor porque generalmente las acciones de estos funcionarios son empujadas desde una lógica empresarial y no desde la lógica social de la izquierda. Ahora bien, estos líderes empresariales vuelven a cargar con la gran responsabilidad de cambiar las cosas a niveles sistémicos, responsabilidad a la que han faltado muchas veces en anteriores oportunidades. El trabajo de estos funcionarios debiera de ser el de impulsar cambios que verdaderamente hagan una diferencia pero que, sobre todo, permitan institucionalizar acciones de largo plazo y alcance. Lejos de ser el simple paso de otros cuatro años de arduo trabajo, necesitan ver el bosque y no perder el norte en las actividades diarias que regularmente terminan absorbiéndoles de tal manera que todo el esfuerzo, de los que se esfuerzan claro, queda en un simple recuerdo nostálgico cuando son sustituidos por el sucesor.
Además, necesitamos funcionarios que luchen contra las presiones del nefasto mercantilismo al que nuestro sistema actual incentiva. Tal vez es mucho pedir, pero lo correcto es que entiendan la seriedad y responsabilidad de su investidura y luchen por hacer entender a sus promotores que lo correcto es jugar un sistema de reglas iguales para todos. Es fundamental que además de luchar contra el sistema de privilegios actual, se hagan esfuerzos por eliminar esos privilegios de una vez por todas. No bastará con no otorgar los privilegios que las leyes actuales les permiten otorgar; bastará solo eliminar por ley la simple facultad de esa discrecionalidad. Y claro que no será fácil, se necesitarán funcionarios con los principios adecuados y con unos pantalones bien puestos para mandar al chorizo al beneficiario del privilegio que muy probablemente sea quien los colocó allí en primer lugar.
Otra de las grandes tareas de los nuevos funcionarios será la de quitar el rol operacional al Ejecutivo de muchos de los servicios que le presta a la población por medio de concesiones. El sistema de concesiones suele dar mucho mejor resultado para todo mundo porque por un lado permite la infusión de capital privado productivo al prestar los servicios, y por el otro generalmente presta un servicio de mucha mejor calidad para los usuarios. El mejor ejemplo es la concesión de la autopista Palín-Escuintla, porque mientras nuestro sistema vial colapsa con unos pocos días de llovizna esa autopista es la única que se ha mantenido transitable, sin baches y prestando un servicio del que pocos se quejan. Con las concesiones se logra también eliminar en gran medida la burocracia y corrupción que generalmente se forma alrededor de cualquier partida presupuestaria relevante.
Aunque ya he comentado antes que no me parece correcto el hecho de delegarle al Estado tareas o servicios que podríamos los ciudadanos prestar y usar en lo privado, entiendo que el sistema actual así lo determina y manda, y de esta cuenta me agradó mucho escuchar en un programa radial al futuro Ministro de Salud indicando que lejos de lo que muchos creen los servicios sanitarios que el Estado presta no son gratuitos porque todos, de alguna manera o de otra pagamos ese servicio.
Hacer cambios sistémicos pasará entonces por la dura tarea de luchar contra viento y marea presentando iniciativas de ley que cambien radicalmente la forma de hace las cosas. Incluso debieran de haber funcionarios valientes que se atrevan a proponer el cierre mismo de las carteras o instituciones que dirigen, eso es hacer la diferencia, eso será pasar a la historia como funcionarios correctos y agentes de cambio.