Hay mucho qué decir de la atención que se pregona en lo social en cada gobierno que hemos tenido constitucional, pseudoconstitucional o inconstitucionalmente en este patio del Istmo centroamericano.

Las realizaciones sociales no han satisfecho a los diferentes sectores de la población, sobre todo durante los regí­menes que surgieron con posterioridad a la Revolución de Octubre del memorable y ya lejano 1944. Casi todo se ha reducido a meros mejunjes salpicados de demagogia. No se ha tratado a fondo, con decisión y en toda su dimensión, la problemática.

 
     De esa suerte, existen o han existido muchas, muchí­simas familias que han dependido, con grandes vací­os en sus necesidades, de un salario insuficiente, devengado por trabajadores y trabajadoras en empresas del sector privado y en los entes burocráticos, incluidos los “autónomos”, dizque autónomos…
    
     Pero cortemos el preámbulo para referirnos al caso de la desaparecida Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, más conocida como Guatel, la que, como todos sabemos, en las postrimerí­as del siglo anterior pasó a ser explotada por Telgua al privatizársele.
    
           Como consecuencia de la privatización empresarial, los trabajadores y las trabajadoras de Telgua comenzaron a ser puestos de patitas en la calle, posiblemente porque en alguna de las cláusulas contractuales se incurrió por pifia o deliberadamente en una lamentable omisión que habrí­a de dejar como en el cesto de la basura los legí­timos derechos de los numerosos laborantes  (hombres y mujeres).

     Estaba contemplada, estatalmente, la jubilación y, también, el consiguiente pensionamiento de los y las trabajadoras que prestaban sus servicios a Guatel, no pocos de ellos desde hací­a muchos años. Se fue su juventud para nunca más volver, como dirí­a el poeta, y ahora han quedado a las malas del diablo, en una situación de pobreza rayana en la miseria. Ya  casi todos y todas pasan de la edad en que en la llamada iniciativa privada no se les da oportunidad de trabajar como si la ley tuviese puertas abiertas a la discriminación. Todos, o en su mayorí­a, vienen sufriendo verdaderas penurias. Algunos, desesperados por no ser asequible el sustento diario, han tomado la fatal determinación de suicidarse, como en efecto ha ocurrido.
    
     Supuestamente, Telgua no quedó obligada a pagar pensiones al personal que dependí­a de Guatel, ni a tomar otras medidas, por lo que no tuvo dificultad legal alguna para prescindir en cualquier momento de los servicios de los trabajadores y trabajadoras; mas, en casos como el que estamos comentando, debe tener buena expresión lo equitativo. El concepto equidad  significa, entre otras acepciones, propensión a dejarse guiar por el sentimiento del deber o de la conciencia más bien que por el texto terminante de la ley; y he aquí­ otro significado de la palabra equidad: Justicia natural, por oposición a la justicia legal.
    
    La Hora publicó recientemente una noticia que nos conmovió sobremanera. Por considerarlo pertinente, la reproducimos textualmente. Dice lo siguiente bajo el tí­tulo “No pagan la jubilación”:

     A los jubilados de Guatel no nos pagan nuestras jubilaciones desde febrero de este año. Es una injusticia, ya que allí­ trabajamos durante 27 años y dejamos nuestra juventud. Ahora que estamos necesitados y enfermos, pues somos ancianos, todos estamos con deudas y muchos problemas. Yo tengo 67 años de vida y con una enfermedad muy seria. Ya no me dan trabajo aunque tengo estudios y hablo idiomas. Dos compañeros se han quitado la vida para no estorbarle a su familia y ponerle más cargas. Exijo a las autoridades que depositen el dinero correspondiente a nuestros sueldos en el banco Crédito Hipotecario Nacional y podamos al fin cobrar lo que es nuestro por ley. ¿Usted qué opina? ¿Será justo que nos quiten nuestra jubilación a estas alturas de nuestra vida? ¿Será posible que quieran que nos muramos de hambre para ya no estorbarles? (f) Flor de Marí­a Ordóñez.
    
    ¡Qué injusticia, en realidad, la que se ha cometido contra los extrabajadores de Guatel! Si es que Telgua realmente se encuentra exenta de la obligación de cubrir las pensiones de los trabajadores y trabajadoras del primero de esos entes mencionados, entonces que sea el Estado el que deba pagar el dinero para resolver el grave problema que están sufriendo muchos guatemaltecos que han de andar de tumbo en tumbo viendo la manera de que terminen los malos ratos de esta vida que no es vida para ellos, ni para sus hijos y demás seres queridos.