Imposible defender el manoseo que se ha hecho, desde que el Partido Patriota estaba en la oposición al gobierno de Colom, de las interpelaciones que de ser un mecanismo sano de control parlamentario sobre el poder Ejecutivo, pasaron a convertirse en una maniobra para entrampar la agenda legislativa y frenar por completo la actividad del Congreso de la República. Hay diversidad de asuntos pendientes, pero el que más preocupa a algunos diputados es el de la integración de las comisiones porque si las mismas no se conforman legalmente, no pueden cobrar las dietas.

Y por ello, presentaron un recurso de amparo para obligar a suspender la interpelación del Ministro de Cultura. No fue para que se conozca algún asunto fundamental para el país, sino para que se integren las comisiones y puedan cobrar sus dietas los diputados. Y la Corte de Constitucionalidad, participando de esas premisas de que aquí el Estado de Derecho vale madre y todo se arregla de un plumazo, otorga el amparo provisional bajo el argumento de que es un acto (la interpelación) que ninguna autoridad o persona puede ejecutar legalmente.
 
 Repito que se abusa de la interpelación y más que de ella, de lo que dice la Constitución. En la parte conducente, el artículo 166 dice que “las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con cuarenta y ocho horas de anticipación. Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna, podrá limitar el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas.”
 
 No hay en la constitución norma que privilegie la integración de las comisiones sobre la interpelación y por tanto la Corte de Constitucionalidad no hace sino sumarse al desmadre, mandando al chorizo lo que dice la misma Constitución para satisfacer la necesidad que tienen los diputados de cobrar sus dietas. La única razón que hay para integrar las comisiones es, precisamente, la del pago de dietas porque de todos modos el Congreso está y estará paralizado por las interpelaciones. Hay otros asuntos mucho más urgentes que no pueden conocerse y no hay forma legal de suspender la interpelación porque es constitucional el amplio derecho que asiste a los diputados, aunque pregunten burradas o hagan de ese mecanismo parlamentario un show.
 
 Con ese criterio, no sería extraño que un día de tantos la Corte de Constitucionalidad diga que como los diputados no cumplen con legislar, que es su función esencial, hay que mandarlos al diablo. El mismo diputado que pidió el amparo para cobrar sus dietas está labrando la peligrosa estaca en la que se pueden terminar sentando todos, puesto que tolerado o fomentado un acto arbitrario de la Corte de Constitucionalidad, cualquier otro será posible.
 
 Yo creo que nuestro sistema político está hecho un asco y no funciona. Creo que la institucionalidad ha sido secuestrada por poderes fácticos que han corrompido a todos los niveles del Estado, pero me parece absurdo que pretextando su carácter de guardián celoso del orden constitucional, la misma Corte de Constitucionalidad cometa la ilegalidad de otorgar un amparo que violenta el artículo 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala que es demasiado claro. Tan claro que ha servido para que los diputados del Partido Patriota y del Partido Lider entrampen la labor del Congreso a su sabor y antojo, amparados precisamente en una norma legal que no tiene vuelta de hoja.
 
 Materia aparte es que el amparo haya sido otorgado básicamente para legalizar el pago de las dietas a los diputados. Las comisiones son la misma cosa que el pleno del Congreso, es decir, albergue de oscuros y bastardos intereses que nada tienen que ver con las necesidades del país. Yo preferiría ver un Congreso aprobando leyes para contener el robo de celulares apretando a las telefónicas que un Congreso integrando sus comisiones para cobrar dietas, pero para la CC lo segundo es lo importante.