El papel de la Contraloría de Cuentas de la Nación ha sido ampliamente cuestionado por la falta de eficiencia en los programas de fiscalización que por mandato constitucional tiene que hacer de todo manejo de recursos públicos pero el colmo de los colmos ha sido esa forma despectiva en la que la Municipalidad de Chinautla mandó a la punta de un cuerno al equipo de auditores enviados por la CGCN. Ni siquiera fue un funcionario de medio pelo quien les atendió, sino que una de las encargadas de limpieza tuvo la comisión, asignada sin duda por el Alcalde Medrano, de mandarlos literalmente a la chinilaria sin darles oportunidad de nada.

Si eso hace un Alcalde como el de Chinautla, cómo podemos pretender que los contralores les puedan contar las costillas a los Directores Generales, no digamos a los Ministros de Estado y mucho menos al Presidente y Vicepresidente de la República. Ya se aceptó como válido que los bancos del sistema que manejan fideicomisos públicos manden a comer caca a cualquier auditor que intente averiguar cómo se manejan esos recursos públicos porque se escudan en el secreto bancario que no es ni puede ser superior al mandato constitucional que obliga, léase bien, que obliga a la Contraloría de Cuentas a auditar la forma en que se manejan esos dineros públicos.
 
 Lo que ocurre es que no existe sanción de algún tipo para quienes actúen con esa prepotencia y las autoridades de la Contraloría no se andan muriendo por cumplir con su deber. Porque si así fuera, este sería el momento en que ya debieran estar presos los funcionarios bancarios que se han negado a proporcionar información, no digamos el Alcalde de Chinautla que demostró su olímpico desprecio por los contralores de cuentas al hacer que una señora encargada de la limpieza se hiciera cargo de recibir a la comisión nombrada por la misma Contraloría General de Cuentas.
 
 La falta de acción para hacer cumplir la ley es patética y simplemente viene a confirmar que no tenemos instrumentos idóneos para asegurar una fiscalización adecuada del dinero público y la forma en que se gasta. Basta con que la autoridad obligada a rendir cuentas diga que no le da la gana para que el expediente quede cerrado sin más trámite y eso significa que se pueden hacer micos y pericos con los recursos que pertenecen a todos los guatemaltecos.
 
 La Constitución es absolutamente clara, pero hace falta que la ley ordinaria sea también categórica y se establezcan severas sanciones para quienes de alguna manera pongan obstáculo a la labor de los contralores. Lo que pasa es que la Contraloría está muy cómoda en su papel de no hacer nada y por lo tanto no hay denuncias que pongan en su lugar a los violadores de la ley. Tampoco tenemos un Ministerio Público ágil y dinámico en el tema de la corrupción, porque ese tipo de delitos no están en la agenda de las autoridades que se concentran únicamente en los casos que tienen que ver con el pasado conflicto armado interno que ocupan su mayor atención.
 
 Guatemala se está desmoronando hoy por la forma en que es saqueado el erario. No hay negocio público en el que no haya mordida, comisiones o beneficios a financistas mediante un asqueroso tráfico de influencias, pero si nos atenemos a las investigaciones de la Contraloría o a las acciones de la Fiscalía, tendríamos que suponer que vivimos casi en un monasterio porque aquí nadie se da por aludido de ningún robo, de ningún trinquete y pareciera que nuestros políticos y funcionarios son monjes dedicados a la contemplación.