La necesidad de invertir en la modernización del paí­s es algo que no puede cuestionarse, sobre todo cuando se trata de construir infraestructura que será útil para ampliar las relaciones de Guatemala en el plano comercial con otros paí­ses del mundo. Sin embargo, y eso es determinante, esa inversión como todo gasto de fondos públicos, tiene que ser ajustada a los procedimientos establecidos en la ley y debe evitarse a toda costa que se hagan cosas a la carrera.

Cierto es que este gobierno termina su mandato el 14 de enero del año próximo y hasta esa misma mañana, antes de que se produzca la transmisión del mando, las autoridades pueden y deben ejecutar acciones propias de su responsabilidad. No pretendemos que a partir de ahora exista un vací­o de poder y que se posterguen las decisiones importantes para que las adopte el futuro gobierno.

Pero cuando a troche y moche se quiere hacer una licitación, obviando el requisito indispensable de un estudio de factibilidad en un proyecto de cientos de millones, es obvio que no se está pensando en el interés nacional sino en una movida chueca que, por falta de requisitos, obligarí­a al próximo gobierno a declarar lesiva a los intereses del paí­s y que, ahora con nuestra pérdida de soberaní­a para ese tipo de decisiones, nos obligarí­a a pagar una indemnización a la empresa que hubiera ganado la licitación ilegal y amañada.

En nombre de la modernidad y de la urgencia para resolver problemas se han cometido verdaderos trinquetes en perjuicio del interés nacional. Nuestras leyes para regular las contrataciones del Estado no son la gran maravilla pero al menos pretenden establecer requisitos mí­nimos. Si hasta esos requisitos se los pasan por el arco del triunfo las autoridades, es obvio que van tras objetivos nada oscuros, sino que completamente claros porque se trata de correr para dar un último golpe antes de que llegue a término su gestión.

Si tan urgente y necesaria es una obra para que el paí­s no sufra perjuicio y pierda competitividad, mayor razón para que las autoridades cumplan con todos los requisitos de ley en el trámite de proyectos para evitar tropiezos. Si se convocó a una licitación sin cumplir la ley y eso provoca atrasos, hay que señalar como responsables del perjuicio no a quienes exigen que se cumpla la ley, sino a los pí­caros que quisieron hacer las cosas al margen de esa ley. Lo inaudito es encontrar voces en defensa de la ilegalidad, argumentando la urgente necesidad de la obra, como si ello justificara que se puedan obviar requisitos indispensables establecidos en la normativa nacional. Si ese mismo procedimiento lo hubieran hecho hace cuatro años los funcionarios del gobierno anterior, esas mismas voces hubieran sido categóricas denunciando el trinquete, pero ahora las cosas cambian, tal vez por amistad con los actores.