Hemos sostenido que uno de los grandes problemas de Guatemala es la impunidad que existe en el paí­s y que algunos consideran como vicio que beneficia únicamente a los capos del narcotráfico, ladrones de carros, de celulares y atracadores de ese calibre. Sin embargo, la verdad es que el problema va más allá y que cuando se habla de crimen organizado no se puede entender únicamente al matón o atracador callejero, sino que también a los que usando cuello y guante blanco se organizan para cometer delitos que incluyen el desfalco a personas que confí­an en negocios que tienen apariencia de honorabilidad.

Lo mismo que ahora vemos con el Banco de Comercio ocurrió hace algunos años con el Banco Empresarial y sus accionistas lograron que el caso fuera enviado al campo civil donde evadieron toda responsabilidad penal. Los dueños de ese banco siguen tranquilos, gozando de sus haberes sin tener que responder penalmente por los hechos en que incurrieron. Una de las formas de impunidad es encontrar complicidad entre las autoridades para que un delito no llegue a ser juzgado y que, en cambio, se traslade el asunto al área civil. No olvidemos que la comisión de delitos trae consigo responsabilidades penales y civiles, por lo cual el pretender que se asuman estas no debe ser a expensas de aquellas. En otras palabras, además de restituir lo robado y de indemnizar a las ví­ctimas, el criminal tiene que pagar con la cárcel en vez de andar muy fufurufo en los cí­rculos sociales como si lo que hicieron fue un simple mal negocio y no una estafa.

El mal precedente de casos anteriores es lo que ha servido para que los accionistas de algunos bancos piensen que pueden salirse con la suya apropiándose de los depósitos mediante el traslado de los fondos ví­a créditos a sus propias empresas y dejando que sea el Estado, con FOPA o directamente, quien asuma el pago a los clientes. Ellos, tranquilamente regresan a sus prósperos negocios contando con la inyección de créditos que obtuvieron sin ninguna garantí­a y siguen siendo personajes en la sociedad guatemalteca.

Por ello es que cuando hablamos del fin de la impunidad no hablamos sólo de los criminales que andan con pistola al cinto asaltando en la calle a los parroquianos. Hablamos de este tipo de crí­menes que, está visto, también cobran vidas además del daño económico a los particulares y del daño a todo un sistema que se nutre de la confianza y del cual dependemos todos.

Si el Estado no es capaz de prevenir los crí­menes, que debiera hacerlo usando los mecanismos legales para auditar y supervisar las actividades bancarias, por lo menos tendrí­a que ser enérgico para perseguir a los que incurrieron en estafa, alzamiento de bienes, simulaciones y otro tipo de crí­menes que pueden tipificarse en esos malos manejos que hacen algunos, pocos por fortuna, de los que por poner capital para organizar la entidad, se consideran banqueros y presumen de serlo.