Los titulares de los matutinos de hoy dan cuenta de un largo proceso entre cuyos implicados estaría la cúpula superior del Ministerio de Gobernación, que durante la administración gubernamental anterior, habría cometido excesos. En un país como el nuestro, tan tristemente acostumbrado a que la principal fuente de vulneración de las garantías fundamentales las promueva el propio Estado, la noticia ha generado por demás opiniones encontradas. La sucesión de hechos cuyo denominador común tienden a hacerse «de la vista gorda», pareciera que estaría por llegar a su fin. O como contraparte, también podría ser el escenario que agudizaría la crisis institucional en la que nos hemos venido desenvolviendo durante los últimos años. Por ello es valedero preguntarnos ¿A donde vamos? o ¿A dónde nos llevan?
wdelcid@intelnet.net.gt
El aparente positivo impacto mediático que se buscara al refugiarse en la Misión Diplomática de Honduras, se viene al traste con la noticia divulgada hoy. La ausencia en el país de sus otrora compañeros de dirección de la siempre conflictiva y enredada cartera de Gobernación, le dejan en la más completa soledad. A punto de concretarse la acción judicial, lo que en un momento fuera señalado por unos como un acto de heroicidad, se cobra la factura.
Las sucesivas administraciones gubernamentales, así como la de los integrantes de las legislaturas de los últimos períodos, no han podido subsanar y superar los vacíos institucionales y de naturaleza normativa que nos legara la administración 1996-2000. Antes bien y en palabras del presidente Colom, en el gobierno inmediato siguiente se produjo un desmantelamiento moral e institucional dentro de la Policía Nacional Civil de enormes repercusiones, cuyos efectos habrían orillado a los excesos hoy objeto de persecución penal.
Parte del impune entorno que nos rodea cuenta como pieza fundamental el marasmo político de quienes no han podido ponerse de acuerdo para corregir las fisuras, las fragilidades institucionales y la acentuada desconfianza de la población respecto de aquellos entes que tendrían que prodigarle garantías y certeza en su desempeño a favor de quienes honradamente se ganan la vida.
Si la aplicación o no de la pena de muerte será un efectivo disuasivo o no, es tema de otra serie de debates, pero lo que no puede continuar es el vacío sobre la resolución del «recurso de gracia». No puede tenerse en el «limbo» jurídico tal circunstancia. Por aparte, si el Consejo del Ministerio Público es o no inconstitucional y es parte de la estructura paralela que neutraliza el desempeño del ente responsable en la persecución penal, no debe seguir postergándose la aplicación de los correctivos necesarios.
El uso de algunas leyes hoy vigentes, se ha tornado en el abusivo empleo por parte de algunos. Así se explica la postergación acentuada en el avance de la denominada «Agenda Legislativa». Se ha obviado un hecho importante. En tanto las normas sigan igual, de lo que hoy unos se valen para entorpecer acuerdos fundamentales, mañana podría ser usado en su contra. Total, en el Congreso de la República, por ejemplo ha quedado demostrado que para obstruir la temática legislativa ya no habrá «aplanadora» que se imponga así nada más. En medio de tales derroteros, insisto que es valedero preguntarse ¿a dónde vamos? El país se encuentra inmerso en un remolino de confusiones, de obstinaciones, de obstrucciones. Luchas intestinas que en nada fortalecen la ansiada institucionalidad para que podamos salir adelante y encaminarnos al desarrollo. ¿A donde nos llevan? ¿A donde vamos?…