No se trata de aquellos casos en que el remedio resulta peor que la enfermedad, sino literalmente de un tremendo esfuerzo por corromper el remedio para que no funcione. Eso es lo que ahora vemos con las Comisiones de Postulación para designar a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones, puesto que aprovechando la debilidad institucional de un Estado que cada vez más se ve fallido, los aspirantes están poniendo en serio peligro el proceso legal por medio de una serie de acciones legales que persiguen, evidentemente, impedir la instalación de las Comisiones para que cumplan con su función en los tiempos legales.
Desde que se empezó a cuestionar la forma en que procedían las comisiones y se pensó en una ley para normar su comportamiento, dijimos que la ley no sería suficiente para asegurar transparencia y la designación de profesionales idóneos para el ejercicio de los cargos, tomando en cuenta que lo que está en juego es demasiado y que nadie va a renunciar a los privilegios y poderes que ha tenido en el sistema actual sin dar batalla, sin pelear con uñas y dientes posiciones que pueden resultar decisivas para sus ambiciones o para evitar sanciones por actos pasados.
Y justamente los que más se han esmerado a lo largo de los años en enturbiar el sistema de justicia, son los que saben exactamente cómo utilizar todo vericueto legal para entrampar las cosas. Uno de los factores esenciales de la impunidad en Guatemala es la ausencia de procesos que cumplan sus plazos porque los leguleyos saben que el camino es frenar las decisiones y entorpecer el avance de los procedimientos legales. Por supuesto que en esas condiciones lo más fácil es entrampar la integración de las comisiones e ir reduciendo el tiempo para que puedan hacer su trabajo, lo que limitará la capacidad de los grupos sociales para realizar auditorías dignas de tal nombre.
Viejos profesores de derecho siempre insistían en el aforismo de que «hecha la ley, hecha la trampa» y está demostrándose ahora que esa máxima tiene plena vigencia en nuestra realidad actual y en un tema que es fundamental para el futuro del país. Porque todo el esfuerzo contra la impunidad se terminaría estrellando estrepitosamente si los administradores de justicia no tienen la idoneidad para aplicar la ley con honestidad y conforme a derecho.
Se viven momentos cruciales porque si la CC no logra desentrampar el proceso, corremos el riesgo de una ruptura del orden constitucional que establece claramente la duración del período de los magistrados que ni podrían abandonar los cargos ni ejercer jurisdicción porque estarían prorrogando su mandato.