No pretendo minimizar las denuncias de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, como tampoco restarle importancia a la Sociedad Interamericana de Prensa, porque el citado periodista tiene el derecho de demandar apoyo de cualquier persona u organización nacional e internacional por sentirse acosado, y la SIP es una institución integrada por la mayoría de propietarios de medios impresos en el continente americano y una de sus funciones es solidarizarse con sus asociados, de manera que su desempeño primordial es velar por los intereses empresariales de sus afiliados, aunque también se interesa por la defensa de la libertad de prensa, que no siempre coincide con el respaldo a la libre expresión del pensamiento.

De no haber sido por las denuncias de Zamora difícilmente una delegación de ese colectivo continental se habría desplazado a Guatemala y hubiera sido recibida por el presidente Pérez Molina y otras altas autoridades del Estado, por más reclamos que organizaciones de periodistas asalariados hubiesen exigido su presencia en nuestro país en razón directa a los asesinatos y homicidios cometidos contra sencillos comunicadores sociales del interior de la República.

   La Junta Directiva de la APG aprovechó esa consulta de la SIP para recibir en su sede  a los miembros de su misión y emitir una severa declaración pública que trascendiera internacionalmente, privilegiando en su texto “La presión, hostigamiento y persecución en contra de 58 periodistas guatemaltecos/as” y destacando la muerte violenta de cuatro  comunicadores el presente año, sin demeritar los  señalamientos del presidente de elPeriódico.
   El comunicado de la APG expresa específicamente que “Los periodistas sacrificados en el ejercicio de su profesión son Jaime Napoleón Jarquín Duarte, acribillado a tiros el 20 de marzo en Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa; Luis Alberto Lemus Ruano, ajusticiado en la cabecera de ese departamento el 9 de abril; Luis de Jesús Lima, el 6 de agosto en Zacapa; y Carlos Humberto Orellana Chávez, el 19 de agosto”.

   Oportunamente la Asociación de Periodistas de Guatemala denunció esos crímenes; pero por tratarse de modestos comunicadores sociales de provincia, ni los medios impresos y electrónicos capitalinos le concedieron importancia, menos las autoridades del Estado, como tampoco se prestó atención al asesinato cometido contra Víctor Rocael García, quien era agente de seguridad de la periodista Karina González de Rottmann, productora y conductora de programas de opinión de VEA Canal, quien se caracteriza por su acompañamiento a movimientos sociales y populares, que le ha provocado frecuentes amenazas de muerte, por cuestionar comportamientos ilícitos de políticos…

   “Los crímenes cometidos contra periodistas -enfatiza la declaración pública-  los interpretan la APG como fatídicos mensajes para quienes denuncian o comentan sobre la situación real de la nación, especialmente cuando se expone la corrupción, el hambre del pueblo, el tráfico de influencias, los negocios turbios de funcionarios y empleados municipales y estatales, cáncer que corroe a la clase dirigencial de Guatemala”.

   (El desmemoriado reportero Romualdo Tishudo cita a un autor cuyo nombre  no recuerda: -Un derecho no es lo que alguien te debe dar; es lo que nadie te puede quitar).