Es lenta, desactualizada, escrita, inaccesible, compleja, costosa y está llena de obstáculos. Cincuenta años después la justicia civil en Guatemala está en crisis. El Código Procesal Civil de Guatemala, creado hace más de medio siglo, ya no se apega a las necesidades de los usuarios, y no garantiza un acceso a la justicia.

La Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició con la socialización del primer borrador de lo que pretende ser una nueva legislación de este ramo judicial.

La necesaria modernización de los procesos civiles llevó a los magistrados de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia a impulsar la creación de una nueva normativa que haga los procesos mucho más rápidos.

De esa cuenta durante la semana pasada, la Cámara socializó entre académicos, abogados y juristas el primer borrador del nuevo Código Procesal Civil (CPC), que entre otros cambios busca el gran salto del sistema escrito al oral.

CRISIS

¿Qué circunstancias llevaron a que fuera evidentemente necesario el cambio? Erick Juárez, experto en reforma judicial, explica que las grandes demandas de la ciudadanía ante la justicia civil van desde declarar y tutelar derechos, constituir y extinguir relaciones jurídicas, así como  ejecutar las obligaciones.

El Poder Judicial debe garantizar el cumplimiento de la justicia civil para mantener la confianza y certeza de los órganos jurisdiccionales a efecto de evitar la solución directa entre quienes tienen un conflicto jurídico.

“Luego de más de cuarenta años de vigencia (CPC), se advierte claramente una crisis alarmante, toda vez que en ese sentido resulta siendo inaccesible, complejo, lento, secreto y no transparente, para los ciudadanos y para los litigantes, que no tienen una disponibilidad de ejercicios sus derechos de manera sencilla, simple y accesible ”, explica.

Esto porque el Código resulta ser riguroso, y por la práctica y cultura jurídica que se ha mantenido, donde prevalece el extraformalismo más que la discusión del fondo del asunto, refiere Juárez.

Según señala el entrevistado, el promedio en Guatemala para la resolución de un conflicto civil es de 1 mil 385 días.

Además, dice que el actual diseño normativo del Código Procesal Civil permite y facilita un litigio malicioso, con obstáculos, entorpecimiento, que posterga la decisión y que facilita la utilización de algunas vías, como enmiendas de procedimientos y recursos de nulidad, que hacen expenso, largo y dilatorio un caso y difícilmente hacen que se acceda a una sentencia de manera breve.

De acuerdo con Juárez, los procesos civiles se ven afectados por la responsabilidad de los jueces de impulsar un debido proceso y evitar estos actos de entorpecimiento, y el diseño normativo civil permite un juicio interminable por las distintas vías escritas de impugnación.

También subrayó que otra de las debilidades en el propio Código es la circunstancia en torno a la reproducción de la prueba, la cual, según apunta, se basa en un sistema arcaico, inquisitivo, en donde la reproducción de la prueba no pasa por discusiones, confrontaciones, sino que se diligencia por medio de la declaración de testigos o de partes.

“Previamente se presenta al juez la declaración por escrito de las preguntas que se van a realizar, y otro aspecto es que el testigo no se somete a interrogatorio, sino que el testigo responde las preguntas que le articula quien lo propone y la otra parte puede articular con otros testigos, por escrito y previa autorización. Es un sistema arcaico en un sistema que tiende a la tutela judicial efectiva”, apunta.

Por otro lado, dijo que otra de las falencias de la justicia civil es que tiene un desarrollo y una estructura normativa eminentemente escrita, ya que todos los procesos, a excepción del juicio oral contemplado en el artículo 39 del Código Procesal Civil, se realizan por medio de esa vía.

Esto conlleva a la lentitud, y a que en el caso se le preste más atención a los procedimientos que a las circunstancias y la esencia del objeto del juicio.

“Ya se ha evidenciado que la escritura no es el mejor aliado para hacer justicia, como metodología para la obtención de información relevante para la toma de decisión jurisdiccional de alto valor es la oralidad”, subrayó. Esto porque por medio de la oralidad la verdad fluye con mayor facilidad.
 
El barómetro judicial iberoamericano realizado en el 2009 reveló que en Guatemala, para poder realizar un juicio ejecutivo en Guatemala se requerían más de 5 años y 3 meses.

“Esto impide la inversión, ya que hay una imposibilidad para ejecutar los títulos de crédito porque son procesos ejecutivos, la inversión extranjera y nacional no sería motivada. El proceso de revisión debe ser revisado ampliamente”, apunta.

De esa cuenta Juárez enfatizó que es necesario un nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, ya que la realidad normativa y el litigio, exigen no mejoras, sino cambios sustanciales.
 
“Se exigen, no mejoras, no pequeños cambios, no simples modificaciones, sino grandes transformaciones en el sistema de justicia civil, que trascienda de lo normativo a lo institucional, y de lo institucional a lo práctico, a efecto que responda a la tutela judicial efectiva”, acotó.

Esto para transformar transversalmente toda la lógica del proceso civil actual.

“ME VOLVERÍA CIVILISTA”

“Tengo mucho que decir en este tema; son urgentes cambios en la normativa civil”, dice enfático el abogado César Calderón, famoso por lograr que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo absolviera a José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusado de genocidio y deberes contra la humanidad; no obstante el fallo fue anulado por la Corte de Constitucionalidad.

“Lo que se necesita es un nuevo Código Procesal Civil. Lo que es malo en el proceso civil es precisamente la diversidad de juicios que se tienen y como éstos son tan tardíos que la injusticia civil provoca el delito penal”, manifiesta el letrado.

“Lo que urge es una unanimidad de criterios procesales para litigar más velozmente el Derecho Civil, ya que hay juicios que tardan más de 10 años, y es inminente reformar el Código”, insiste.

Calderón explica que ya varias propuestas para nuevos códigos han sido presentados en el Congreso de la República durante los últimos diez años, pero el último fue realizado bajo la asesoría del procesalista español Gómez Colomer, el cual considera como el más preciso.

“Ese me parecía fabuloso, sensato, dos audiencias y ya está; es una audiencia de conocimiento y otra de juicio. O se arregla en la primera y se ofrecen los medios de prueba y en la otra de una vez se resuelve. Así debe ser la justicia civil, si eso se lleva a cabo, yo me vuelvo civilista”, indica.

De acuerdo con sus declaraciones, la actual justicia civil puede enmarcarse en adjetivos negativos: tardía, lenta, llena de recursos, obstáculos, sujetos a la pérdida de tiempo, de tal manera que cuando llega la sentencia “la justicia ya es injusta, por el solo hecho que ha transcurrido entre la presentación de la demanda y el resultado”.

El abogado manifestó que uno de los cambios urgentes es que este tipo de procesos sea oral, con la menor cantidad de audiencias orales, para hacerlos sumarios –rápidos–.

El entrevistado coincide con Juárez al indicar que el cambio debe venir con un nuevo Código, ya que los “parches”, no solucionarán nada, sino que entorpecerán los procesos.

LA MODERNIZACIÓN

Gabriel Medrano, magistrado de la Cámara Civil, explica que desde que la actual magistratura inició su gestión al frente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la instancia vio la necesidad de reformar la normativa civil.

Fue en su período que se impulsó el estudio de reformar al Código Procesal Civil, y para el efecto se contó con la asesoría del procesalista español Juan Luis Gómez Colomer, y en la misma Cámara se integró una comisión de juristas guatemaltecos.

Durante toda la semana pasada el primer borrador de este proyecto fue socializado con diferentes sectores: con los académicos, jueces y magistrados, organizaciones de la sociedad civil, con la iniciativa privada y el sector bancario.

Esto, explicó Medrano, con el objeto de recopilar insumos de todos estos sectores para llegar a un proyecto definitivo y presentarlo por parte de la CSJ como iniciativa de ley al Congreso de la República.

“El actual Código Procesal Civil y Mercantil ha sido una buena ley y ya tiene 50 años de vigencia. Es necesaria la modernización de los procesos civiles, para introducir la oralidad con el objeto de obtener procesos judiciales, civiles y de familia mucho más rápidos que con el actual sistema escrito se llevan adelante”, explica el togado.

Por su parte, Rogelio Zarceño, también magistrado de la Cámara Civil expresó que el primer borrador del Código busca hacer una nueva revisión de la normativa procesal guatemalteca.

“Nuestro actual Código ya tiene una vigencia que supera los 50 años, y el derecho es dinámico y definitivamente tiene que acoplarse a los cambios socioeconómicos de una sociedad, para hacer más ágiles los tiempos de respuesta para los usuarios y demandantes de justicia”, refirió.

El principal punto a cambiar, confirmó Zarceño, es cambiar el sistema escrito por el oral, ya que éste último beneficia más un sistema democrático puesto que se atiende de mejor manera la necesidad de pedir justicia.

“Los tribunales están saturados de demandas, especialmente relacionadas con cobros y lo que impide muchas veces que el juez pueda atender con más detenimiento asuntos que requieran de mayor estudio; mientras que en un sistema oral se va a poder agilizar la administración de justicia”, explicó.

Sin embargo, el Organismo Judicial en la actualidad no está listo para la implementación de la oralidad.

“Hoy por hoy no, pero ahorita estamos trabajando en el proyecto del Código y obviamente esto podría tener una vacatio legis de dos años dentro de los cuales se estaría creando la logística y la infraestructura necesaria para poder implementar el Código”, dijo Zarceño.

El togado afirma que paralelamente se han empezado a dar pasos en el OJ para preparar el campo civil a la oralidad.

“Se han empezado a construir salas para audiencias, la creación de embargos electrónicos, de notificaciones electrónicas y se están dando pasos para poner en vigencia una nueva normativa procesal, que sea oral y más ágil”, acotó.

Zarceño explicó que como parte de la socialización del primer borrador en cierta parte evidenciaron una resistencia al cambio, pero en general prevalece la  petición urgente de apostar por una nueva legislación.

“Es naturaleza del ser humano resistirse al cambio. Algunos sectores lo han asimilado muy bien y la general está muy satisfecha, porque la percepción del atraso de la mora judicial es evidente. Otros sectores han pedido tener más tiempo para asimilarlo, pero en términos generales hay unanimidad en cuanto a la aceptación del Código”, explicó.

Además, dijo que el propósito de la Cámara Civil es dejar presentada ante el Congreso la iniciativa del nuevo CPCM, sin embargo, están conscientes de la falta de tiempo.

“Creo muy difícil que esto quede solucionado este año, pero nuestro propósito realmente es contribuir a solucionar el grave problema del retardo y la mora judicial en la tramitación de expedientes”, concluyó.