La propuesta del presidente Otto Pérez Molina referente a que la eventual despenalización de las drogas se discuta en un foro de gobernantes centroamericanos es legítima, independientemente de que se apruebe o rechace la iniciativa, fundamentalmente porque por primera vez el mandatario de un pequeño país como Guatemala encara al gobierno de Estados Unidos respecto a su responsabilidad en lo que atañe al tráfico y consumo de estupefacientes.
Mis contados lectores ya conocen mi postura en torno al argumento que he esgrimido en varias oportunidades en este mismo espacio sobre el tema, en el sentido de que en tanto que se incrementa el consumo de drogas en Estados Unidos, también aumenta la demanda y la producción de narcóticos. Pero es obvio que no es lo mismo que lo señale un simple columnista a que lo exprese un Jefe de Estado, sobre todo de una inofensiva nación centroamericana aliada de la gran potencia del norte y que ha acatado cualquier insinuación, sugerencia, recomendación o disposición de Washington en todos los órdenes vinculados con los intereses norteamericanos.
El planteamiento del Presidente guatemalteco levantó más olas de las previstas porque provienen de un mandatario de extracción militar que tuvo protagonismo durante la guerra interna, y por su conocida inclinación hacia la derecha en el contexto de la política nacional y regional y por las críticas que al respecto ha sido objeto de analistas extranjeros. Si esa propuesta hubiese sido formulada por algún gobernante sudamericano de izquierda o centro izquierda que no está alineado con Estados Unidos e incluso han desafiado a Washington, la reacción norteamericana no hubiera sido tan inmediata e intolerante como procedió la embajada estadounidense, siguiendo instrucciones de la Casa Blanca.
El presidente Pérez Molina respondió serenamente y con razonables argumentos a ese rechazo, puesto que aclaró que su gobierno no intenta legalizar el consumo de drogas aisladamente, sino que su posición es la de debatir civilizadamente ese grave problema desde todas sus facetas, incluyendo la producción, el transporte y el tráfico de estupefacientes, con sus homólogos del resto de Centroamérica y otros países latinoamericanos duramente golpeados por el narcotráfico, como México y Colombia.
Ciertamente el presidente salvadoreño Mauricio Funes aparentemente se habría retractado de un supuesto inicial apoyo a la citada legalización, pero no está rehusando el debate, además de que se sumó a la crítica de su colega guatemalteco, tal como lo hizo con anterioridad el gobernante mexicano Felipe Calderón, en el sentido de que “Mientras Estados Unidos no haga más de lo que está haciendo para reducir los altos niveles de consumo, poco podemos hacer nosotros para combatir a los cárteles de la droga”.
Lo importante es que Pérez Molina ha fomentado la conciencia de afrontar el narcotráfico desde una posición distinta al enfoque puramente represivo mediante el uso de las armas, que ha resultado estéril hasta la fecha, y está demostrando, al menos en lo que se refiere al caso del narcotráfico, que no es una simple y débil figura decorativa que se mueve al compás del ritmo que impone Estados Unidos, con una buena dosis de defensa de la deteriorada dignidad nacional, difícil de imaginar durante la reciente campaña electoral.
(Me cuenta el inmigrante Romualdo Tishudo que un gringo le dijo a su hijo adolescente: –Siéntate, vamos a hablar de drogas y sexo. El chico de 12 años le respondió: – Of course ¿qué quieres que te explique, papá).