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Los hallazgos, pregonados como la primera evaluación independiente de las acusaciones, presumiblemente sólo alimentarán las tensiones sectarias relacionadas con el caso, en el que existen fuertes divisiones políticas.

El vicepresidente Tariq al-Hashemi ha negado las acusaciones. Muchos suníes molestos las ven como parte de una campaña del primer ministro chií para sacarlo de la política.

Luego de cerrar una investigación de dos meses, la comisión integrada por nueve jueces encontró al menos 150 casos en los que al-Hashemi, sus guardaespaldas u otros subordinados estuvieron vinculados con ataques diversos, desde explosivos a ras del camino hasta asesinatos de agentes de seguridad y peregrinos chiíes, dijo Abdul-Sattar Bayrkdar, portavoz del Consejo Judicial Supremo de Irak.

Bayrkdar no ofreció evidencia que apoyara las conclusiones de la comisión, las cuales no tienen fuerza jurídica. Agregó que los escuadrones de la muerte operaron de 2005 a 2011, y que fueron responsables por una explosión ocurrida en diciembre en las oficinas de la Comisión de Integridad del gobierno —en la que murieron 25 personas— y por el asesinato de un viceministro de Educación en 2010.

Un portavoz de Al-Hashemi se negó a hacer comentarios al respecto.

El Ministerio del Interior, el cual depende del primer ministro chií Nuri al-Maliki, emitió en diciembre una orden de arresto contra al-Hashemi.

El vicepresidente es miembro del partido político Iraqiya, laico pero dominado por suníes, y cuyos legisladores consideran falsas las acusaciones.

El caso deriva en parte de imágenes de video transmitidas por la televisión estatal en diciembre, en las que se ven supuestas confesiones de personas que se dice son guardaespaldas de al-Hashemi.

Los hombres dijeron que mataron a funcionarios de los ministerios iraquíes de Salud y de Relaciones Exteriores, así como a policías de Bagdad. Dijeron haber recibido 3.000 dólares de al-Hashemi por cada ataque.