¿Quién manda en Guatemala: el binomio presidencial, los diputados popular y legalmente electos; el gobierno gringo y su embajada; la cúpula económica y sus profesionales contratados en CACIF? He ahí la pregunta.

El hecho que el presidente Otto Pérez Molina planteara la posibilidad de despenalizar el tráfico de drogas en la región, ha producido la inmediata reacción del gobierno norteamericano, oponiéndose a que se analice y considere esa posibilidad, argumentando que ello conlleva un problema compartido, que la droga es una amenaza a la salud pública y a la seguridad.

La inmediata reacción norteamericana evidencia que no importa que sea su ávido mercado de consumo de drogas el que cree y fomente el tráfico de éstas, de millones de dólares, de armas y el incremento del crimen y delitos en Guatemala, Centroamérica, México y Colombia, porque para ellos sólo importan sus intereses, no les preocupa el fracaso de su política en el mercado de consumo de drogas, también no les importa obligar a Guatemala y América Latina a invertir un elevado porcentaje de nuestros pocos impuestos o el daño a nuestros ciudadanos que tienen que pagar el precio social de las muertes y delitos que ese tráfico conlleva.

Que distinto sería si las empresas o individuos dedicados al tráfico de drogas fueran norteamericanos operando en Colombia, México y Centroamérica, entonces seguramente ellos serían los primeros en estar considerando la legalización de esa negativa actividad. Es tan unilateral la actitud de las autoridades norteamericanas que el sólo mencionar que el tema puede ser analizado por el presidente Otto Pérez Molina y por otros presidentes latinoamericanos los hace reaccionar urgente y violentamente.

Nadie en su sano juicio defiende y justifica las drogas, pero también nadie puede pretender, que igual que en el conflicto entre las dos superpotencias, seamos nosotros los que suframos los muertos, la violencia y la mayoría de los gastos.

Latinoamérica como un todo debe ver el pro y el contra del problema que producen las drogas y el gran consumidor que es Estados Unidos, exigir, requerir que el problema se resuelva con los recursos económicos de quienes más consumen, que se dote a América Latina en calidad de préstamo, por un dólar, las aeronaves, los barcos, los equipos necesarios, el mantenimiento y el costo del recurso humano para atacar un problema que ellos producen.

Los presidentes centroamericanos deben de analizar y establecer su propia política y no aceptar que de forma improcedente se nos diga, como niñitos de párvulos, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos pensar, qué es lo que debemos decir. Ese grave problema es sólo un ejemplo. El gobierno de la República se debe a todos los guatemaltecos y por ello, siendo que fue legalmente electo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, deben de ver la temática, la solución de la misma bajo los intereses de los guatemaltecos y conjuntamente de los centroamericanos. Esto mismo se aplica a las cúpulas de poder local.

Como se lo están planteando numerosos editorialistas y columnistas de opinión de diferentes medios, Guatemala,  Centroamérica y América Latina deben de aplicar sus propias soluciones respetando sus intereses y el beneficio que urgentemente requiere toda la población. Gobernar no es fácil, pero un buen gobierno debe de actuar en pro y a favor de todos los habitantes y no de los grupos de presión, ni de los grupos de poder. El presidente Otto Pérez, por su formación, sabe cuál es su deber y está en la obligación de cumplirlo.