Los gritos de auxilio, dolor o pavor y una columna de humo que emanaba del módulo seis alertaron al resto de prisioneros de la tragedia que se propagaba rápidamente por el penal de Comayagua, donde cientos de reos perecieron carbonizados o asfixiados en un incendio que no fue combatido a tiempo por el temor inicial a que se tratara de un intento de fuga.

Funcionarios confirmaron ayer 358 muertos, lo que lo convierte en el incendio carcelario con mayor número de víctimas en un siglo.

«Nosotros rompimos el techo y salimos pero vimos como morían en el módulo de enfrente. (Los presos) querían salir pero estaba cerrado. Todos murieron, esto fue algo horrible, es una pesadilla», relató a The Associated Press Eladio Chicas, un reo que cumple una condena de 39 años de prisión, de los cuales ya purgó 15. El sobreviviente se encontraba en el módulo cuatro, de los 12 que integran la penitenciaría.

Las llamas comenzaron en el módulo seis, de acuerdo con las autoridades, cuando un recluso incendió intencionalmente su colchón.

Primero la guardia del reclusorio pensó que se trataba de un intento de fuga y por eso impidió durante alrededor de media hora que los bomberos ingresaran a combatir las llamas, que continuaron abrasando las literas, ropa y sábanas, pero también segando las vidas de muchos que estaban atrapados dentro de sus celdas, cerradas con candados.

«Llegamos diez minutos después de que comenzó el incendio en la cárcel, pero no entramos de inmediato porque los guardias lo impidieron», declaró a la AP el jefe de bomberos de Comayagua, Leonel Silva.

Según el director de los centros penales Danilo Orellana, «los guardias creyeron en un principio que se trataba de una fuga masiva de reos, por eso cumplieron la ley y no permitieron el ingreso de nadie a la cárcel para evitar muertes innecesarias».

Sin embargo, ese protocolo de seguridad condujo a la muerte a muchos de los detenidos.

Chicas comentó que «estaba dormido cuando escuchamos gritos y vimos que salía humo del módulo seis. Se estaba quemando y allí los vimos morir a todos. Creo que se salvaron dos».

«No sé qué pasó. No sé si alguien le prendió fuego o fue un accidente (porque) yo no estaba en ese módulo. Solo vi las llamas y cuando salimos estaban siendo quemados, junto a los barrotes quedaron pegados» algunos de los prisioneros, contó Chicas, de 40 años, cuando estaba siendo trasladado para que rindiera declaración de lo ocurrido ante un juez.

Los prisioneros «murieron calcinados o asfixiados por los gases provocados por las llamas en el interior de sus celdas, que estaban aseguradas con candados», dijo Josué García, vocero de los bomberos de Comayagua, ciudad a unos 140 kilómetros al norte de Tegucigalpa donde a las 22.50 del martes se registró el incendio.

El juez de la Corte Suprema encargado de recabar información del siniestro, Ricardo Ordóñez, declaró a la AP que al final de la tarde había 358 muertos confirmados.

Ordoñez dijo que los cuerpos de los reos se hallaron apilados en los baños de la prisión, a donde aparentemente huyeron para recurrir a las duchas con la esperanza de que el agua los salvara de las abrasadoras llamas.

Cientos de familiares de los reos merodeaban por hospitales y la granja penal indagando sobre la suerte que habría tenido algún encarcelado.

La mayoría de los confinados en esa granja de rehabilitación, el 57%, no habían sido condenados en juicio y muchos fueron detenidos únicamente por tener un tatuaje, lo que para los autoridades era suficiente para considerarlos sospechosos de pertenecer a las violentas pandillas juveniles que operan en esa y otras naciones centroamericanas, según un informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras entregó a inicios de mes a un organismo de Naciones Unidas.

Los parientes de los encarcelados se aglomeraron primero frente al reclusorio y ahí protagonizaron un enfrentamiento lanzando piedras contra la policía y soldados, que debieron dispersarlos a tiros porque un millar de personas amenazaba con tumbar el portón del recinto. No se reportaron heridos en el incidente.

«Los policías no nos dejaban entrar para ver a nuestros seres queridos», explicó llorando a la AP Natalia Juárez, hermana de un reo presuntamente fallecido en el siniestro.

Después, la peregrinación de angustiados familiares continúo por los hospitales donde trataban de identificar a alguno de los sobrevivientes que eran atendidos por quemaduras. Dos de esos pacientes, con el 80% y 90% de sus cuerpos quemados, murieron en un hospital de Tegucigalpa. Otro permanece en estado crítico y al menos 19 más están hospitalizados.

Los cuerpos en bolsas blancas de nailon fueron apilados y después acarreados a furgones para transportarlos a la capital para identificarlos. Ordóñez dijo que había 150 ya listos para el traslado.

El sargento de los bomberos Ricardo Granados indicó que con herramientas especiales sacaron los cuerpos atrapados en las literas.

La cárcel, una granja de rehabilitación donde los internos cultivaban sus propios alimentos y tenían también la posibilidad de comercializarlos en la población, fue construida en la década de 1940 para albergar a 400 presos, pero en la actualidad había 856 reos.

Únicamente 12 guardias estaban de turno cuando se inició el incendio, dijo el fiscal Germán Enamorado.

El fuego comenzó en el denominado «hogar seis» del penal, en el cual permanecían 105 cautivos, de los que solo cuatro sobrevivieron, indicó Ordóñez.

El director nacional del sistema penitenciario, Danilo Orellana, dijo a la AP que «un reo habría causado el incendio al quemar su colchón. Algunos de sus compañeros de celda dijeron que él gritó ‘aquí nos moriremos todos’ y en cinco minutos todo ardió».

La gobernadora de Comayagua, Paola Castro, dijo en rueda de prensa que minutos antes del siniestro recibió una llamada telefónica de un interno que le dijo «‘le voy a meter fuego a esto y vamos a morir todos»’. No identificó al prisionero ni dio más explicaciones.

Castro trabajó como secretaria en el penal y por eso es conocida por muchos reos. Dijo que de inmediato alertó a los bomberos y la Cruz Roja de lo que podría ocurrir en el presidio.

Ever López, de 24 años, encausado por homicidio y que sobrevivió al incendio, dijo que tras ver el humo «junto a otros reos huimos por el techo, que rompimos con las manos… y gracias a Dios que estoy vivo».

Las llamas se propagaron rápidamente al quemarse los colchones, ropa y sábanas de los reclusos. El edificio resultó parcialmente destruido.

«De repente alguien gritó ‘fuego, fuego, fuego’ y sentí miedo y comencé a pedir auxilio junto a mis compañeros de celda», relató a la emisora HRN un prisionero que se identificó como Silverio Aguilar.

Agregó que «por un rato nadie nos hizo caso pero después de unos minutos, que se nos hicieron eternos, un guardia apareció y nos abrió el portón de la celda, que estaba cerrada con candado». En esa celda había más de 60 reos, señaló.

El presidente Porfirio Lobo suspendió de sus cargos a los funcionarios del centro penal y de la administración nacional de cárceles mientras se investiga el caso. Uno de ellos es Orellana. Luego decretó duelo nacional.

Lucy Marder, directora del Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público, dijo que la identificación de los fallecidos puede demorar hasta dos semanas. Chile y México enviaron equipos de expertos forenses en identificación de cadáveres.

La embajadora estadounidense Lisa Kubiske expresó en un comunicado sus condolencias a los hondureños y mencionó que los militares de su país acantonados en la base aérea de Soto Cano, a pocos kilómetros del centro carcelario quemado, prestaron apoyo desde los primeros esfuerzos para combatir el fuego y sigue ofreciendo ayuda a distintos niveles.

El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, aseguró en rueda de prensa que el gobierno mejorará los centros penitenciarios del país, que permanecen en malas condiciones desde hace 40 años y sus vetustos edificios no han sido reparados por falta de recursos.

En Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deploró la tragedia e instó al gobierno a investigar cuanto antes los hechos.

En julio de 2010 Lobo declaró un estado de emergencia en nueve de las 24 prisiones de Honduras. Su ministro de Seguridad consideró entonces que las prisiones eran «universidades del crimen» y estaban desbordadas.