Justo es decir que cuando fue abordado por la prensa luego de su reunión con el presidente Otto Pérez Molina, el mandatario salvadoreño se cuidó en decir que un tema como el de la despenalización de la droga tenía que ser conocido por el Poder Legislativo, pero no planteó reservas al decir que trasladaría el tema al órgano competente.

Sin embargo, al llegar a San Salvador ofreció declaraciones a la agencia de noticias EFE para decir que se opone a la propuesta porque la misma convertiría a Centroamérica en un paraíso para las drogas.
 
 Es obvio que se trata de una propuesta controversial porque le está tocando las yemas al león. Pero consiste en un planteamiento que ha sido ya elaborado por varios estadistas de América Latina y de otros lugares del mundo y que parece obligado como consecuencia del desinterés que tiene el país que es el mayor consumidor de drogas en el mundo para encarar el problema en su propio territorio, trasladando la responsabilidad a otros pueblos con limitados recursos, que tienen que reducir su capacidad de inversión social para dedicar recursos a la lucha cuantiosa del combate al narcotráfico.
 
 Al ver la reacción de la embajada norteamericana en Guatemala, que no pudo ocultar su profundo malestar por la iniciativa de Pérez Molina para discutir el tema, y contrastarla luego con ese viraje de la posición que tuvo el presidente Funes, no puede uno sino imaginar que hubo alguna seria interferencia desde las más altas alturas, valga la obligada redundancia, para recordarle lo mucho que les debe y así forzarlo a olvidar, de entrada, la posibilidad siquiera de trasladar la iniciativa a los órganos competentes. Tenemos que entender que la capacidad de maniobra de nuestros gobiernos ha sido siempre muy limitada y que cuando el que paga dice no, hay que entender lo que está diciendo.
 
 Sin embargo, cada vez se vuelve más relativo aquello de que quien paga manda, puesto que en los últimos años América Latina ha sido el continente olvidado por Washington que no le tira, literalmente, ni pedo a su patio trasero y ello se refleja en los montos de la ayuda que programa, ya no digamos para el combate al narcotráfico, sino en la asistencia en general para los programas de desarrollo de estos países. No tienen obligación, ciertamente, puesto que Estados Unidos tiene sus propias dificultades y hay que entenderlas, pero por supuesto que ello también significa que en Latinoamérica se empieza a vivir una era en la que se vuelven relativos, al menos, los niveles de influencia y poder que antaño eran absolutos.
 
 La propuesta de Pérez Molina no es, por supuesto, para que Guatemala adopte el papel de gato bravo desafiando por sus pistolas a los Estados Unidos, pero sí tiene que ser objeto de un análisis más serio que el que hizo la embajada con el Departamento de Estado para dar su pronta respuesta a la idea. El tema es profundo y amerita una discusión seria, encaminada a buscar soluciones que sean aceptables para todos los involucrados en el problema. El caso es que si existe un notorio desbalance en el diseño de la estrategia antinarcótica, es obligado que se hagan replanteamientos y los países que llevan la peor parte tienen por lo menos voz, si no voto, para abordar la cuestión y sentar las bases de lo que debe ser un amplio entendimiento.
 
 Inusual, por supuesto que lo es, pero no por ello debemos considerar la propuesta como descabellada ni simplemente santiguarnos porque molesta a los Estados Unidos. Que se rasguen las vestiduras los que nunca han pensado en gestos soberanos de dignidad, pero en términos políticos, es un debate que hay que generar.