Reducir gastos en la administración de justicia y la desaparición en la legislación penal del delito de posesión de droga para el consumo, sería parte de los beneficios que traería la propuesta de Pérez Molina para la despenalización de la droga en el país, de acuerdo con la Asociación de Jueces y Magistrados.

Setecientas veinte sentencias –entre absolutorias y condenatorias–, fueron dictadas por delitos contemplados en el Decreto 48-92 Ley contra la Narcoactividad, en los Órganos Jurisdiccionales del Ramo Penal durante los años 2010 y 2011,  según datos proporcionados por el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial.

Por el delito de promoción o estímulo a la drogadicción, se registraron 313 sentencias; mientras que por la posesión para el consumo, fueron 201.

Carlos Aguilar, de la Asociación de Jueces y Magistrados, ve como positiva la propuesta del presidente de la República, Otto Pérez Molina, para la despenalización de la droga; ya que esto además de reducir los procesos relacionados al narcotráfico en el ramo penal, ya no representaría una inversión de recursos del Estado en cada caso, sino que vendría a beneficiar al Estado con el ingreso de más impuestos.

“Como jueces, nosotros la propuesta del presidente la miramos con muy buenos ojos, porque nuestro país no es altamente un país consumidor, y creo que se beneficiaría el Estado al poder legalizar la droga, en el sentido de que se pagaría impuesto por la mercancía o producto que se vende.  Lo único sería establecer qué tipo de droga sería de legalizarse y qué cantidad se vendería por persona”, aseguró Aguilar.

Asimismo, Aguilar asegura que entre los beneficios que aportaría al sistema de justicia, habría que analizar primeramente la iniciativa, ya que el delito de posesión para el consumo, que es el delito por el que hay más personas detenidas, desaparecería de la legislación penal.

Con ello se estaría legalizando que las personas pudieran poseer droga para su propio consumo y debería quedar limitada la cantidad legal para que únicamente sea para su uso personal.

Con la despenalización, según indica el representante de la Asociación, se evitaría incluso el uso enorme que el Estado tiene de recursos para el sistema de justicia, principalmente para el proceso de los casos relacionados con el narcotráfico, “pero no debería ser solo de Guatemala sino un grupo de países latinos donde deberían buscar en forma conjunta cómo lograr legalizar la droga”.

Esto permitiría fortalecer los ingresos al presupuesto del Estado, de acuerdo con Aguilar, ya que serían mucho mayores, por el impuesto que se les tendría que poner por la venta de dicha droga.

“Las otras cantidades para poder ingresar la droga de los países productores, como Colombia, tendría que hacerse a través de la importación legal por parte de una empresa o personas individuales, legalmente establecidas”, dijo Carlos Aguilar.

Para finalizar, Aguilar agregó que dicha producción no podría ser criminalizada, pero sí se podría establecer qué cargamento de droga está ingresando ilegalmente al país y consignarse a las personas que se les encontrara con droga que no ha pagado los impuestos y que no vengan debidamente registrados los embarques.