La sociedad mexicana se ha dividido y manifiesta en las calles y púlpitos la agria polémica por la despenalización del aborto en la superpoblada capital del país, un día antes de votarse el proyecto en el Parlamento comunal dominado por la izquierda.
Sondeos, inserciones publicadas en la prensa, «caravanas por la vida» de grupos conservadores y marchas de activistas de la izquierda caracterizan la discusión de la iniciativa que permitirá el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la metrópoli.
Las encuestas reflejan la polarización de las posturas sobre la despenalización del aborto entre los ciudadanos de la capital, de nueve millones de habitantes.
Según un sondeo telefónico realizado por el periódico Reforma, el 53% de los habitantes de la capital está de acuerdo con la despenalización, frente a un 42% que se manifiesta en contra.
Otro diario de circulación nacional, El Universal, publicó este lunes una encuesta en el que 44% de la muestra entrevistada está en favor de la iniciativa, en tanto que 48% se manifiesta en contra.
Los que simpatizan con la eliminación de sanciones penales a la interrupción del embarazo crecen entre personas de 18 a 29 años (53%) y entre los que no exceden los 39 (51%), pero la mayoría de quienes superan los 50 años se opone a la medida (59%), de acuerdo con El Universal.
La aprobación para permitir el aborto significará «que se difunda el desprecio por la vida desde la ley», dijo a la AFP Guillermo Bustamante, presidente de la conservadora Unión de padres de familia de México.
En un país en el que 92% de sus 103 millones de habitantes profesa la religión católica, la jerarquía de ese culto anunció que no permitirá que iniciativas similares sean presentadas en los parlamentos de otros estados.
En ese mismo sentido se pronunció Margarita Zavala, esposa del presidente mexicano, el conservador Felipe Calderón, quien comentó que permitir el aborto es «la abierta negación del derecho a la vida».
A su vez, el Colegio de abogados católicos del país presentó el lunes a la Asamblea capitalina 36.000 firmas de ciudadanos que piden la realización de un referéndum de las modificaciones que se harán al Código penal de la ciudad.
«Queremos que se haga una consulta», argumentó Armando Martínez, presidente de los letrados católicos, quien considera que si la petición es rechazada en el Congreso de la Ciudad de México, sus miembros «se convertirán en legisladores ilegítimos».
En el otro extremo del panorama político, la izquierda pide «defender el Estado laico y el derecho a la libre determinación de las mujeres», pues «no son las concepciones religiosas» las que norman el trabajo de los diputados, apuntó Alejandro Rodríguez, legislador del Partido Convergencia.
«México es un país plural y con un Estado laico», coincidió la feminista Marta Lamas.
Sin embargo, la última palabra sobre el proyecto que votará este martes la Asamblea de la Ciudad de México podría tenerla la Corte Suprema, si el presidente Felipe Calderón instruye al fiscal general para que recurra al máximo tribunal país.
Ante esa posibilidad, Víctor Hugo Círigo, líder del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Parlamento capitalino (mayoría), aseguró que «la reforma está blindada».
«Hemos consultado a los mejores constitucionalistas en este país y sin duda alguna va a prosperar la aplicación y aprobación» del proyecto que deja sin penalización el aborto, apuntó el diputado del PRD.
De acuerdo con datos del gubernamental Consejo Nacional de Población, cada año se practican en México unos 102.000 abortos, pero los Organismos No Gubernamentales elevan la cifra a 500.000.
La práctica clandestina de la interrupción del embarazo en el distrito federal mexicano, con casi nueve millones de habitantes, es la tercer causa de muerte materna en esta ciudad, según un diagnóstico realizado por los legisladores de la metrópoli.
El aborto en Latinoamérica y el Caribe sólo es permitido en Cuba, Puerto Rico y Guyana, mientras que en otros países existen atenuantes que permiten la interrupción del embarazo.
En esos tres países, la interrupción del embarazo está permitida en cualquier circunstancia, ante la petición de la mujer, hasta las 14 semanas de gestación. Cuando está en juego la vida de la mujer puede realizarse en cualquier etapa del embarazo.
En Cuba está especificado que debe realizarse dentro de las instituciones de salud estatales.