La reciente condena en España del juez Baltasar Garzón por escuchas ilegales causó malestar en el gobierno de Cristina Fernández y organismos de Derechos Humanos, que reivindican el compromiso del magistrado en la investigación de crímenes de lesa humanidad.
«Qué enorme distancia, entre tu dignidad de hombre ético y jurista probo, comprometido con los grandes valores de la Humanidad y estos pequeños hombrecillos togados cumpliendo ese triste papel de marionetas en el gran guiñol de los intereses creados», expresó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Duhalde le escribió una carta a Garzón, difundida por la secretaría a través de un comunicado, un día después de que el Tribunal Supremo inhabilitó al magistrado por 11 años tras considerar que se extralimitó en sus funciones al ordenar escuchas telefónicas en el marco de una investigación de corrupción.
Duhalde y también la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, opinaron que esta medida en realidad apunta a frenar las investigaciones que había iniciado Garzón de los crímenes cometidos durante Guerra Civil y el posterior régimen de Francisco Franco (1936-1975).
«No hablo de condena, porque no es Baltasar Garzón el condenado sino el sistema judicial español, que ha quedado en evidencia frente a la comunidad española e internacional por su carácter faccioso y por su servidumbre a las minorías del privilegio, desnudando su condición de guardaespaldas de la negra memoria del franquismo», apuntó el secretario de Derechos Humanos.
En tanto que de Bonafini expresó el viernes que «debemos tener mucho cuidado porque estos bichos son como las cucarachas… todos creemos que están muertos y no es así. En Alemania sigue habiendo nazis, en España sigue habiendo franquistas, en Italia mussolinistas (sic)».
De Bonafini anunció que presentará un recurso de habeas corpus a favor de Garzón ante la Corte Europea de Derechos Humanos para que sea restituido en su cargo.
Garzón es considerado un héroe en América Latina por sus investigaciones de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras de Chile y Argentina aún antes de que en esos países se pudiera avanzar en juicios contra los responsables.
En España está pendiente de sentencia otro juicio contra Garzón en la causa por investigación de crímenes del franquismo, lo cual vulneró la Ley de Amnistía de 1977.